Ramona Graciela Saravia fue condenada a 3 años de prisión condicional como partícipe secundaria de una organización de narcomenudeo que operaba con protección policial en el barrio San Francisquito.
A poco más de un mes de la imputación a 18 personas por integrar una organización de narcomenudeo con protección policial en el barrio San Francisquito, una mujer acusada de integrar la banda como vendedora aceptó una condena a 3 años de prisión condicional en un juicio abreviado.
Según la investigación, el grupo operaba en la confluencia de tres pasillos cercanos al mercado de concentración de 27 de Febrero y Castellanos, con su jefe preso en una cárcel de Mendoza. La organización fue desbaratada a fines de marzo a partir de escuchas iniciadas tras una serie de balaceras extorsivas al dueño de una distribuidora en reclamo de una supuesta deuda.
Ramona Graciela Saravia, quien aceptó la condena este lunes en una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal, tenía un rol menor como integrante de la asociación ilícita, rango en el que fueron ubicadas otras doce personas. Su función, según el acuerdo entre el fiscal Alejandro Ferlazzo y su defensa, era la venta, fraccionamiento y guardado de estupefacientes. La actividad cesó el 24 de febrero pasado a raíz de un allanamiento en su domicilio.
El juez Nicolás Vico Gimena dictó la condena a Saravia como miembro de una asociación ilícita en concurso con comercialización de estupefacientes agravada por la intervención organizada de tres o más personas, en carácter de partícipe secundario. Fue involucrada en base a escuchas en las que conversa sobre la actividad de venta y el armado de paquetes. Es la primera condena al grupo.
Al fijar la condena con modalidad condicional se tuvo en cuenta que está embarazada. Deberá buscar domicilio a dos kilómetros de distancia del barrio San Francisquito y no podrá tener contacto con otros implicados en la causa. Además, deberá someterse al control de la agencia provincial de medidas no privativas de la libertad.
La investigación detectó que la organización funcionó al menos desde octubre pasado con la venta en tres pasillos a los que se accede por Amenábar al 3900, Alsina al 2900 y Lavalle a la misma altura. El grupo disponía de conexiones en la fuerza policial y obtenía favores para realizar la actividad: la banda criminal se valía de información privilegiada de parte de la fuerza policial, que en ocasiones le ha dado aviso de ciertas medidas de investigación en curso para alertarlos.
Al frente de la organización aparece Maximiliano «Gordo» Acosta, un preso alojado por una causa federal en el Complejo 6 de Luján de Cuyo, en Mendoza, a 877 kilómetros de Rosario. La banda quedó expuesta tras un ataque a tiros del 13 de noviembre pasado con fines extorsivos a un quiosco de la calle Espinillo al 3600, en barrio Triángulo. Horas más tarde, atacaron al frente de una distribuidora de Avellaneda al 3200. El cotejo de las vainas secuestradas en las distintas escenas arrojó que provenían de tres armas usadas, a su vez, en una veintena de hechos con disparos de esos meses. La intervención a las líneas telefónicas usadas en la trama extorsiva terminó de diagramar el esquema de roles y nombres, que ahora desembocó en la primera condena.