Un tribunal federal ratificó la vigencia de la norma y fijó para este viernes el plazo para que se ejecuten partidas por unos 2,5 billones de pesos. El Ejecutivo anunció que presentará una nueva apelación.
Este viernes vence el plazo establecido por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal para que el Gobierno nacional transfiera fondos correspondientes a la Ley de Financiamiento Universitario. El tribunal ratificó la vigencia de la norma y conminó al Poder Ejecutivo a saldar una partida de aproximadamente 2,5 billones de pesos destinada a ajustes salariales del sector docente y no docente.
Fuentes oficiales indicaron que este mismo viernes se presentará una nueva apelación ante el mismo fuero, en un intento por que el caso sea elevado a la Corte Suprema de Justicia. El argumento central del Gobierno es la falta de fondos para cumplir con la ley sin comprometer el equilibrio fiscal.
La ley 27.795, sancionada por el Congreso en 2025, establece una recomposición salarial retroactiva según la inflación acumulada desde diciembre de 2023 e incorpora una cláusula de ajuste mensual automático. Además, garantiza la actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades y protege programas como becas estudiantiles y el financiamiento de hospitales universitarios.
Tras el veto presidencial, la norma fue ratificada por ambas Cámaras del Congreso. El Gobierno intentó luego frenar su aplicación mediante un decreto que suspendía la ejecución presupuestaria, lo que derivó en una serie de presentaciones judiciales por parte de universidades y gremios.
El 31 de marzo de 2026, la Cámara de Apelaciones rechazó los recursos del Estado, considerando «poco serios» los argumentos oficiales. Los jueces señalaron que el equilibrio fiscal no puede utilizarse para desatender leyes que protegen derechos constitucionales como el acceso a la educación. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto de la ley representa el 0,23% del PBI.
Paralelamente, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un nuevo proyecto de ley que modifica, a la baja, los términos del financiamiento vigente. La iniciativa propone aumentos escalonados del 4,1% y elimina la cláusula de ajuste automático por IPC, buscando, según el texto, «armonizar las necesidades de financiamiento con las reales posibilidades» del Presupuesto 2026.