El Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas (CECIM) La Plata emitió un comunicado en respuesta al fallo de la Corte Suprema que revocó la cautelar que mantenía vigente la Ley de Tierras Rurales. El tribunal consideró que la asociación civil no está legitimada para reclamar. La organización adelantó que trasladará el reclamo al Congreso.
La Corte Suprema de Justicia revocó la cautelar que mantenía vigente la Ley de Tierras Rurales, presentada por el Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas (CECIM) La Plata. El tribunal consideró que la asociación civil no está legitimada para actuar en representación del interés nacional. La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes sostuvieron que la soberanía no constituye un bien colectivo tutelable en la Justicia por una asociación civil.
El CECIM emitió un comunicado en respuesta al fallo. La organización afirmó que la resolución pone a la República Argentina en venta y cuestionó que se les haya negado la legitimación activa para actuar en representación del interés nacional.
El abogado del CECIM, Jerónimo Guerrero Iraola, declaró: «En 1982 el Estado nos mandó a batallar bajo el argumento de la defensa de la soberanía nacional. Rara consideración la de esta Corte. Podemos morir en defensa de la soberanía, pero no acudir a un Tribunal».
En su pronunciamiento oficial, la entidad sostuvo que la resolución resolvió el problema político a Javier Milei. Según manifestaron, al dar vía libre a la derogación de la Ley 26.737, «acaban de decirle al mundo entero que pueden venir a comprar municipios, provincias, zonas de frontera, ríos, valles, bosques y quebradas».
Desde la agrupación calificaron el pronunciamiento de vil y culposo, y argumentaron que los magistrados apilaron excusas procesales para evitar expedirse sobre el fondo de la cuestión y no declarar la inconstitucionalidad del DNU 70/2023.
Pese al desenlace, en el CECIM destacaron que el amparo colectivo tramitado originalmente en el fuero federal de La Plata permitió suspender durante meses la aplicación del artículo 154 del DNU, impidiendo la venta irrestricta de tierras rurales a capitales extranjeros y situando la discusión en el centro de la agenda pública.
Sin margen para insistir por la vía judicial ordinaria, el Centro de Ex Combatientes adelantó que trasladará el reclamo al plano político para exigir que el Congreso de la Nación rechace definitivamente el capítulo del Decreto de Necesidad y Urgencia que libera el mercado de tierras.