El Gobierno nacional avanza en una serie de medidas destinadas a consolidar el equilibrio fiscal y proyectar el modelo libertario más allá de la gestión actual. Entre ellas se destacan la reforma del Banco Central, el endurecimiento del discurso hacia el exterior y la disputa por el liderazgo de la derecha regional.
El presidente Javier Milei implementa una estrategia orientada a blindar su legado político, combinando acciones de política interna y externa. En el ámbito internacional, el mandatario participó en eventos regionales, como la asunción de Keiko Fujimori en Perú, y mantuvo gestos de acercamiento con sectores de la derecha de Brasil, incluido Flávio Bolsonaro. Estas acciones se enmarcan en un intento de posicionarse como referente del espacio político regional alineado con Estados Unidos.
En paralelo, el Gobierno anunció una reforma del Banco Central que busca establecer reglas fijas para la emisión monetaria y el financiamiento del Tesoro. El proyecto, que será enviado al Congreso, tiene como objetivo institucionalizar el equilibrio fiscal como política de Estado. Según el oficialismo, esta medida pretende evitar que futuras administraciones puedan recurrir al déficit y a la emisión para financiar el gasto público.
La llegada de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, marcó un punto de contacto con el organismo multilateral, al que Argentina le adeuda aproximadamente 57 mil millones de dólares. Georgieva respaldó el orden fiscal implementado por el Gobierno, aunque también planteó interrogantes sobre la sustentabilidad económica, política y social del modelo.
En materia de hidrocarburos, el Gobierno considera a Vaca Muerta como un motor para superar la restricción externa y generar dólares. Esta visión coincide con el interés del FMI en asegurarse una fuente de repago de la deuda.
En el plano legislativo, el Gobierno impulsa un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que establece la expulsión de extranjeros que ofendan a la Argentina. La medida generó rechazo en sectores políticos y dudas sobre su constitucionalidad, dado que la Carta Magna reconoce derechos civiles a los extranjeros. El oficialismo defiende la iniciativa como una herramienta para reforzar la identidad nacional.
La vicepresidenta Victoria Villarruel se convirtió en un factor de tensión interna. Su posicionamiento sobre el liderazgo de Milei y sus aspiraciones propias generaron malestar en la Casa Rosada. Desde el Gobierno se busca neutralizar su influencia, en un contexto donde la confianza en la gestión registró una caída del 21 por ciento interanual, según la Universidad Torcuato Di Tella.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner intenta internacionalizar su condena en la causa Vialidad y presentarla como persecución política. Este movimiento busca mantener vigente su liderazgo dentro del peronismo y condicionar la sucesión en la provincia de Buenos Aires, donde Axel Kicillof podría ser candidato por descarte.
El Gobierno, por su parte, utiliza la figura de Cristina como contraste para presentar su gestión como la única alternativa al pasado kirchnerista. Esta dinámica configura intereses complementarios entre ambos sectores.
En el plano regional, el modelo peruano de estabilidad monetaria, con Julio Velarde al frente del Banco Central durante veinte años, es observado con atención por los libertarios, aunque las diferencias económicas entre ambos países son significativas.
El desafío central para el Gobierno es traducir el consenso social sobre el orden fiscal en un consenso político que permita sostener las reformas. La pregunta es si Milei busca un acuerdo duradero o solo aislar su programa de los cambios políticos.