Un informe presentado por el diputado provincial Carlos Del Frade revela que el 70,7% de la comunidad LGTBIQ+ encuestada en Santa Fe sufrió discriminación al intentar alquilar. El relevamiento busca impulsar un proyecto de ley para crear un programa de acceso a la vivienda con cupos y líneas de crédito.
Más del 70 por ciento de la comunidad LGTBIQ+ en Santa Fe sufrió discriminación al intentar alquilar un inmueble, según un informe presentado por el diputado provincial Carlos Del Frade. El relevamiento, realizado entre finales de junio y principios de julio de 2026, procesó respuestas recolectadas de manera digital y refleja la situación habitacional de este colectivo en la provincia.
El estudio indica que el 72,4 por ciento de las personas encuestadas reside en Rosario y que el 36,8 por ciento tiene entre 30 y 39 años. Además, el colectivo travesti-trans representa el 81 por ciento de los testimonios.
El diputado Del Frade señaló: “Venimos trabajando hace varios años con el colectivo LGTB con un proyecto de ley de un cupo de viviendas para la comunidad, pero como nunca se trata porque cada vez los sectores gobernantes se ponen más a la derecha, decidimos empezar al revés: generar conciencia sobre la situación de vivienda de la comunidad”.
El relevamiento muestra que el 44,8 por ciento de las personas consultadas atraviesa situaciones de inestabilidad o precariedad habitacional alta. De la totalidad del estudio, solo dos personas afirmaron tener vivienda propia, 14 viven en casas prestadas, 7 se encuentran en situación de calle y 5 residen en pensiones u hogares. Treinta de los encuestados viven solos.
En el mercado inmobiliario privado, el 70,7 por ciento de la muestra indicó haber sufrido discriminación al intentar alquilar o realizar trámites vinculados a la vivienda. Los relatos incluyen trato hostil, cobro de sobreprecios y cancelación de acuerdos de alquiler tras conocer a la persona de manera presencial. También se menciona la exigencia de garantías económicas desproporcionadas.
Del Frade agregó: “En la encuesta dicen que fueron rechazados sin tener en cuenta esa trayectoria de vida, porque la existencia de una persona trans es muy dolorosa, muy difícil y necesariamente tiene que ser contemplada. Se suma la falta de ingresos que son muy precarios en el 90% de los casos”.
En cuanto al acceso a programas estatales, cuarenta personas expresaron intención de inscribirse en el Registro Digital de Acceso a la Vivienda, pero no lo intentaron por previsión de complicaciones administrativas. Quienes sí se anotaron encontraron requisitos como ingresos formales comprobables, domicilio estable previo o grupo familiar tradicional.
El legislador sostuvo: “Hoy el 50% de la población económicamente activa está en condiciones de trabajo informal. Es fundamental habilitar otros tipos de mecanismos y mayor flexibilización. Por eso es tan importante generar una especie de inmobiliaria pública”.
Como respuesta a la crisis, las personas encuestadas proponen la creación de viviendas públicas con cupos prioritarios, la flexibilización de requisitos financieros y mecanismos que penalicen la discriminación.
El estudio acompaña la presentación, por cuarta vez en la Legislatura provincial, del Programa Provincial de Acceso Integral al Hábitat para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero. Del Frade explicó: “Fundamentamos el proyecto en una discriminación positiva: que el Banco Municipal, que es el único estatal en la provincia de Santa Fe, otorgue una línea de créditos vinculadas a la comunidad con mayor facilidad. También un cupo de viviendas con el sistema Nido”.
El proyecto propone garantizar el acceso progresivo a una vivienda digna para personas travestis, transexuales y transgénero en situación de vulnerabilidad social. Está destinado a mayores de 18 años con residencia mínima de dos años en la provincia. No exige rectificación registral de sexo o nombre. La autoridad de aplicación priorizará a mujeres mayores de 35 años, personas en situación de calle, grupos convivientes con discapacidad, personas con enfermedades crónicas graves, víctimas de violencia por identidad de género e individuos en extrema vulnerabilidad socioeconómica.
Las herramientas habitacionales incluyen adjudicación de viviendas sociales, alquiler social, acceso a lotes con servicios, créditos blandos y fomento de cooperativas de vivienda. La Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo será la autoridad de aplicación central. Se creará un Fondo Provincial específico con partidas del presupuesto oficial, fondos de cooperación internacional, donaciones y aportes privados. Además, se conformará un registro provincial voluntario y confidencial de beneficiarios, y un Consejo Provincial Asesor de carácter consultivo integrado por representantes estatales, universitarios y organizaciones civiles.