El Grupo Razzini, perteneciente a la familia de la diputada nacional Verónica Razzini, suma una causa penal a su concurso preventivo de acreedores. Un inversor lo denunció por incumplimiento en la entrega de seis unidades inmobiliarias.
El Grupo Razzini, compuesto por Hormigones Ricci SA, Razzini Materiales SRL, Razzini Industrial SRL y Almacén de Obras.com SA, atraviesa un concurso preventivo de acreedores desde julio del año pasado en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 8ª de Rosario, a cargo de Luciano Daniel Juárez. En octubre, se sumó una causa penal iniciada por la denuncia de Osvaldo Darragona, quien acusa falta de escrituración de unidades de departamentos vinculadas al holding.
La defensa de la familia Razzini, encabezada por el abogado Pablo Salvatori, negó que se trate de una maniobra delictiva y atribuyó los incumplimientos a las dificultades económicas que derivaron en el concurso preventivo. El caso es investigado por el fiscal Gastón Dalmau y aún no hay imputación formal.
El juez Juan Ignacio Gasparini habilitó a Darragona como querellante en el expediente, representado por la abogada Guillermina Fruci. Según la denuncia, Darragona firmó un contrato de compraventa con Nelson Razzini por seis unidades inmobiliarias desarrolladas por terceros relacionados comercialmente con el grupo familiar. Los abogados de Razzini señalaron que el acuerdo tenía fecha límite para completar las escrituraciones el 7 de julio de 2025, pero al momento de transferir la titularidad, la mitad no pudo escriturarse y el resto quedó pendiente, coincidiendo con el concurso de acreedores.
La querella rechaza que el incumplimiento derive solo de dificultades financieras y sostiene que existió una maniobra deliberada para obtener dinero mediante la comercialización de inmuebles que los vendedores sabían que no estaban en condiciones de transferir. Según la versión de la querella, los desarrolladores de los inmuebles confiaron al denunciante que dudaban de la capacidad de los Razzini para concretar las transferencias, entre otras cosas por pagos pendientes.
Verónica Razzini creó en 2021 el «Movimiento Empresarial Antibloqueo» en respuesta a un conflicto con camioneros. El grupo acumuló luego una deuda superior a los 500 millones de pesos en cheques rechazados por falta de fondos, lo que derivó en el pedido de concurso de acreedores. Pablo Salvatori, representante legal en el frente penal, también fue asesor en el conflicto con el Sindicato de Camioneros de Santa Fe.
Salvatori cuestionó al denunciante por no incluirse en el concurso si se consideraba acreedor y litigar en el fuero penal. Además, atribuyó a los desarrolladores de los departamentos la decisión de postergar las escrituraciones, en función de deudas reclamadas a la familia por provisión de materiales de construcción, entre otros motivos.