Ante la aparición de mensajes intimidatorios en establecimientos educativos, el Ministerio de Educación, junto a Justicia y Seguridad, convocó a un rol activo de directivos, docentes y estudiantes, advirtiendo sobre las graves consecuencias legales y económicas de estos actos.
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Educación, emitió una comunicación preventiva dirigida a toda la comunidad educativa. La medida responde a episodios registrados en los últimos días, vinculados a la aparición de carteles, pintadas y mensajes con amenazas de tiroteos en establecimientos escolares.
Frente a este escenario, la cartera educativa convocó a equipos directivos, docentes y centros de estudiantes a trabajar esta problemática en las aulas, incorporándola como una falta gravísima dentro de los acuerdos de convivencia. Además, se pidió reforzar el diálogo en los hogares y se advirtió sobre las consecuencias legales de estas conductas.
La comunicación, elaborada en conjunto con el Ministerio de Justicia y Seguridad, subraya que estos hechos no deben interpretarse como bromas o desafíos propios del ámbito escolar. «Estas acciones no constituyen una broma ni una simple transgresión escolar, sino un delito grave que vulnera el derecho a la educación y altera profundamente la paz social», se remarcó.
La Provincia informó que realizar pintadas, difundir mensajes en redes sociales o generar falsas alarmas que amenacen a instituciones educativas configura el delito de intimidación pública, previsto en el artículo 211 del Código Penal. Se advirtió que se avanza en la identificación de los responsables para su sometimiento a los procesos correspondientes, incluso dentro del fuero penal juvenil.
Desde el Ministerio de Educación se insistió en la necesidad de que los estudiantes comprendan el alcance de este tipo de acciones, en un contexto donde las redes sociales pueden amplificar su difusión. El mensaje oficial apunta a desarticular la idea de anonimato o impunidad en entornos digitales.
En paralelo, se destacó el rol del Ministerio Público de la Acusación en la investigación de estos hechos. El organismo utiliza herramientas tecnológicas como el análisis de redes sociales, peritajes informáticos y rastreo de direcciones IP, lo que permite avanzar con rapidez en la identificación de los autores. Estas investigaciones pueden derivar en allanamientos, secuestro de dispositivos y detenciones.
Otro de los ejes de la advertencia está vinculado a las consecuencias económicas. Cada amenaza activa protocolos de seguridad que implican la movilización de fuerzas policiales, brigadas especiales, servicios médicos y operativos de tránsito, además de la interrupción de las actividades escolares, generando costos significativos para el Estado. En ese marco, se recordó que la legislación vigente establece la responsabilidad de los padres o representantes legales por los daños ocasionados por sus hijos menores, pudiendo la Provincia reclamar judicialmente el reintegro de los gastos.
La advertencia oficial también pone el foco en el efecto contagio que pueden generar este tipo de prácticas en redes sociales. «Lo que comienza como un reto de TikTok puede terminar con un proceso penal en su contra donde ponen en riesgo su libertad y los bienes de su familia», se señala en el documento.
Finalmente, se solicitó a las familias acompañar este proceso desde el hogar, promoviendo instancias de diálogo claras y sostenidas con niños y adolescentes, asumiendo el compromiso de erradicar estas prácticas.