En medio de un repunte inflacionario y el caso judicial que involucra al jefe de Gabinete, la administración de Javier Milei mantiene su plan económico mientras evalúa su estrategia política.
El Gobierno nacional atraviesa un momento complejo marcado por la aceleración de la inflación y la expansión del caso judicial que involucra al jefe de Gabinete, Nicolás Posse. El presidente Javier Milei reconoció que el índice de precios de marzo, del 3,4%, es desfavorable, calificándolo de «repugnante» durante un encuentro con la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham).
Este dato inflacionario representa un desafío político para la administración, que había basado gran parte de su capital en la promesa de reducir la inflación. El contexto actual muestra un deterioro en las expectativas económicas de la población.
Frente a esta situación, el Presidente ha mantenido un discurso dual: pidiendo paciencia a la ciudadanía y reafirmando ante los mercados el compromiso con el superávit fiscal y el ajuste. A su vez, ha descartado realizar cambios abruptos en la dirección económica, a pesar de las presiones para flexibilizar algunas medidas.
En el ámbito político, el caso por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, ha escalado, transformándose en una prueba para la autoridad del gobierno. Mientras la Justicia avanza en la causa, el oficialismo ha buscado mantener una imagen de normalidad y actividad alrededor del funcionario.
Paralelamente, el Gobierno enfrenta una menor cooperación de sus aliados legislativos en un escenario donde las encuestas reflejan una caída en la imagen presidencial. La gestión tiene una serie de proyectos pendientes, pero encuentra dificultades para retomar la iniciativa política en medio de la tensión.