Diputados y senadores impulsan una agenda de emergencia y alivio fiscal para las pequeñas y medianas empresas, con expectativas de llevar los proyectos al recinto antes de que finalice el período ordinario de sesiones.
La situación de las pequeñas y medianas empresas ocupa un lugar en la agenda de las dos cámaras del Congreso, con iniciativas que buscan atender dificultades financieras, la caída de las ventas, el incremento de los costos y el deterioro del empleo.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció durante la Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA) un paquete de medidas para el sector que incluye la suspensión de embargos de ARCA hasta mayo de 2027, facilidades para regularizar deudas, compensación de saldos a favor y financiamiento a la industria automotriz. También propuso a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires avanzar en la eliminación del impuesto a los Sellos, con un esquema de compensación nacional equivalente a la mitad de la recaudación que resignen las jurisdicciones que adhieran.
En el ámbito parlamentario, legisladores calificaron los anuncios como «paliativos» y sostuvieron que se requiere una agenda de emergencia y alivio fiscal con medidas de mayor alcance. El senador nacional por Santa Fe Marcelo Lewandowski expresó que hubo «falta de reacción y demora del Gobierno Nacional para tomar medidas de alivio para las PyMEs». Recordó que en julio presentó un proyecto de ley para suspender embargos a MiPymes por un año y señaló que lo anunciado por Caputo «por ahora es un anuncio; hay que esperar a ver la letra chica en la reglamentación». Agregó que se trata de un paliativo si no cambia el rumbo económico: «No hay mercado interno, la gente no tiene plata, no consume. Ajustan, recaudan menos y siguen ajustando».
Lewandowski, junto a los senadores Jorge Capitanich, Alicia Kirchner y Mariano Recalde, encabezó una reunión informativa en la Cámara Alta donde se presentó un mapa interactivo sobre la situación de morosidad de pymes y familias argentinas. La plataforma indica que la mora alcanza al 17% de las microempresas y a 645.000 monotributistas.
En la Cámara de Diputados, la comisión de Pequeñas y Medianas Empresas, presidida por el santafesino Pablo Farías, desarrolla reuniones con representantes de cámaras empresariales, federaciones provinciales y distintas ramas de la actividad económica para elaborar un diagnóstico común y propuestas legislativas. La comisión prevé avanzar el 17 de noviembre con un dictamen para llevar al recinto antes de la finalización del período ordinario, el 30 de noviembre. En paralelo, existe expectativa de que el Senado produzca una media sanción sobre iniciativas compatibles con las que se discuten en Diputados.
Entre las medidas impulsadas se encuentran suspender durante un año los embargos y juicios iniciados por ARCA contra pymes que mantengan al menos el 90% de su planta de personal; establecer planes de pago accesibles para regularizar deudas tributarias; garantizar una estabilidad fiscal de 24 meses sin creación de nuevos impuestos nacionales ni incrementos de alícuotas; reducir los anticipos del impuesto a las Ganancias y asegurar que el Estado pague en término sus obligaciones con las pymes proveedoras de bienes y servicios.
A estas propuestas se suman proyectos presentados durante 2026 con diversos alcances y enfoques, que tienen como denominador común la necesidad de establecer mecanismos extraordinarios de asistencia a las micro, pequeñas y medianas empresas, incluida la declaración de emergencia del sector. También se incluyen iniciativas para crear una Agencia Federal Pyme, establecer un régimen de promoción económica, facilitar la incorporación de cooperativas al régimen MiPyME y modificar aspectos de la legislación laboral y societaria.
Mientras los anuncios oficiales se presentan como un complemento del plan económico en curso, los proyectos parlamentarios buscan establecer obligaciones y mecanismos de mayor alcance y duración: suspensiones de ejecuciones fiscales, regímenes especiales de regularización de deudas, beneficios tributarios, asistencia financiera, estabilidad fiscal y compromisos para sostener el empleo.