El Ejecutivo nacional inició procedimientos sancionatorios contra 15 nuevas personas y empresas por actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina. Además, la mesa política oficialista avanzó en la redacción de un proyecto de ley sobre soberanía que será presentado la próxima semana en Diputados.
El Gobierno nacional dispuso el inicio de procedimientos sancionatorios contra otras 15 personas y empresas acusadas de participar en actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización. La medida fue anunciada por la Oficina del Presidente y se enmarca en la ofensiva institucional, administrativa y judicial que el Ejecutivo desarrolla en torno a las Islas Malvinas.
Según el comunicado oficial, los nuevos sumarios se suman a los abiertos contra otros 45 sujetos, alcanzando tanto a personas humanas como jurídicas que habrían violado la ley 26.659. Esa norma exige autorización argentina para realizar tareas de exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental.
“Este avance es un nuevo paso en la misma dirección. La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía”, señaló el texto oficial. El Ejecutivo ratificó que las Malvinas y los espacios marítimos correspondientes pertenecen a la Argentina y que nadie puede disponer de sus recursos sin permiso del país.
Malvinas en la agenda del Gobierno
La administración de Javier Milei anticipó que continuará identificando a los actores involucrados e iniciará los sumarios necesarios para determinar responsabilidades. También confirmó su decisión de agotar las instancias administrativas, diplomáticas y judiciales disponibles.
La cuestión Malvinas fue el eje de la reunión que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este martes en la Casa Rosada. Durante casi dos horas, la mesa política trabajó sobre el proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional, cuya redacción se encuentra en la Secretaría de Legal y Técnica y será presentado en el Congreso la semana próxima.
El oficialismo resolvió que la iniciativa ingrese por la Cámara de Diputados, donde cuenta con una base más sólida de apoyos. El proyecto buscará ampliar y endurecer las sanciones a las empresas internacionales que desarrollen negocios en las islas sin autorización argentina, en línea con los anuncios realizados por Milei durante la cadena nacional de la semana pasada.
En el encuentro, el canciller Pablo Quirno expuso sobre las compañías que podrían ser alcanzadas por las próximas medidas. El ministro de Defensa, Carlos Presti, brindó detalles de la Base Naval Integrada de Ushuaia y del polo logístico proyectado en la Patagonia. Ambos viajarán este viernes a Tierra del Fuego para recorrer la zona.
La causa judicial
La estrategia avanzó también en el terreno judicial. La denuncia penal presentada por el Gobierno contra cinco petroleras quedó radicada en el Juzgado Federal Nº 12 de Comodoro Py, actualmente vacante y subrogado por Julián Ercolini. El fiscal que intervendrá en el expediente es Eduardo Taiano.
La presentación fue realizada por Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y está dirigida contra Navitas Petroleum Development & Production, Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates y Eco Atlantic Oil & Gas. El Gobierno las acusa de operar en la Cuenca Malvinas Norte con licencias concedidas por el Reino Unido, pero sin autorización argentina.
El expediente 4437/2026 también alcanza a los directores, gerentes, administradores y representantes que hayan intervenido en las operaciones. Ercolini deberá dar intervención a la fiscalía para que determine si corresponde impulsar la investigación y proponga las primeras medidas de prueba.
Las acciones tienen como telón de fondo el proyecto petrolero Sea Lion, encabezado por la israelí Navitas, que controla el 65 por ciento de las licencias. El 35 por ciento restante pertenece a la británica Rockhopper Exploration. El consorcio prevé comenzar la producción en 2028.
Además, Milei le pidió al ministro de Economía, Luis Caputo, que incluya en el presupuesto 2027 las partidas necesarias para la nueva base naval. De ese modo, el Gobierno procura sostener la cuestión de Malvinas como un eje transversal de su agenda, con acciones legislativas, administrativas, judiciales y de infraestructura estratégica en el extremo sur del país.