Más de 30 iniciativas legislativas presentadas por distintos bloques buscan abordar el aumento del endeudamiento y la morosidad en los hogares argentinos. Las propuestas incluyen regulación de tasas, reestructuración de deudas y protección al consumidor.
Más de 30 proyectos presentados por distintos bloques políticos en las cámaras del Congreso abordan el aumento del endeudamiento de los hogares argentinos y el incremento de los índices de morosidad. Las iniciativas apuntan a regular el sector financiero y establecer mecanismos de reestructuración de deudas.
Según los impulsores, el deterioro de los ingresos y el aumento del costo de vida transformaron los créditos al consumo en un recurso habitual para cubrir gastos de primera necesidad, como alimentos, medicamentos y servicios públicos.
Informes del Banco Central de la República Argentina (BCRA) reflejan un aumento persistente en el incumplimiento de pago de deudas familiares. Relevamientos privados, como el de la Fundación Pensar, indican que el peso de la deuda sobre los presupuestos familiares alcanzó niveles máximos en dos décadas.
Un informe de Management & Fit señala que más del 50% de las familias argentinas declara dificultades para llegar a fin de mes, y un 71,9% de esos hogares recurre a algún tipo de endeudamiento. Más de la mitad de esos préstamos se destina al gasto corriente, no a consumo o emprendimientos.
Entre los autores de los proyectos se encuentran las diputadas Gabriela Estévez, Natalia Zaracho y Mónica Macha, los diputados Germán Martínez, Pablo Carro, Guillermo Michel y Pablo Juliano, y la senadora Juliana Di Tullio. Las propuestas incluyen condonación parcial de intereses, suspensión de embargos, mediación obligatoria y limpieza del historial crediticio tras cancelar la deuda.
El diputado Guillermo Michel afirmó: “El Estado debe recuperar herramientas para brindar una alternativa de crédito accesible y evitar que los sectores más vulnerables queden atrapados en un círculo de deuda y tasas cada vez más altas”.
Pablo Juliano, autor de un proyecto para crear un régimen de protección financiera, sostuvo: “La morosidad no bancaria supera el 30% y debemos evitar que esta crisis se vuelva sistémica y termine estallando socialmente”.
Las iniciativas coinciden en puntos como la prohibición del anatocismo, la limitación de intereses punitorios, la creación de instancias de mediación, la inembargabilidad de cuentas sueldo y la verificación de solvencia previa al otorgamiento de créditos.
Las propuestas difieren en el grado de asistencia estatal, los mecanismos de quita y el ámbito de aplicación. Van desde condonaciones para hogares de menores ingresos hasta educación financiera en el nivel secundario.
El tratamiento parlamentario enfrenta resistencias. Desde el Poder Ejecutivo y sectores de La Libertad Avanza se argumenta que los topes a las tasas o la alteración retroactiva de contratos incrementarán el riesgo y restringirán la oferta bancaria. Las cámaras del sistema financiero privado advierten sobre una posible reducción del crédito.
Claudio Cesario, presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), declaró: “Nosotros estamos en contra de estos proyectos, porque todo lo que es regulatorio y mandatorio atenta contra el crédito”. Añadió que “al 50% de la gente que opera con nuestros bancos ya se los llamó, detectamos que había un problema, y la deuda está refinanciada”.
Desde la oposición se indica que la mora masiva configura una problemática económica sistémica que afecta el consumo básico. La discusión aún no logró dictamen de comisión y continúa en la agenda legislativa.