La Unidad de Derechos Humanos de Rosario pidió ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 la pena de prisión perpetua para cuatro imputados y condenas de entre seis y ocho años para otros cuatro, por delitos cometidos durante el último gobierno de facto en perjuicio de 62 víctimas.
La Unidad de Derechos Humanos de Rosario solicitó este miércoles ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Rosario la imposición de penas de prisión perpetua para cuatro acusados y condenas de entre seis y ocho años de prisión para otros cuatro, por crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de 62 víctimas durante el terrorismo de Estado. Los imputados integraron el Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás, el Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército y las delegaciones locales de la Policía Federal y de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires (DIPPBA).
El fiscal general Adolfo Villatte y el auxiliar fiscal Álvaro Baella solicitaron ante los jueces Román Lanzón, Eduardo Rodrigues Da Cruz y Elena Beatriz Dilario que los crímenes sean declarados como «delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio implantado en nuestro país». Además, Villatte requirió la inmediata detención de todos los imputados en carácter cautelar, bajo la modalidad de prisión preventiva, ante la posibilidad de una sentencia condenatoria.
Durante el inicio de la exposición, el auxiliar fiscal Baella afirmó que «aún hoy en día, habiendo pasado 50 años de la ocurrencia de los hechos, los imputados no han demostrado remordimiento alguno y mucho menos voluntad de subsanar los hechos causados, de modo alguno aportando información que permita esclarecer los hechos que aquí se investigaron». La intervención no pudo finalizar debido a un corte programado en el sistema del Poder Judicial, por lo que se dispuso un cuarto intermedio hasta la próxima audiencia, prevista para el 26 de agosto.
El juicio comenzó el 14 de marzo de 2024 y abordó la unificación de cuatro causas judiciales: «Marfott de Trod», «Berg», «Santillán», «Francioni» y «Comolli». Los hechos ocurrieron en la jurisdicción del Área Militar 132, que abarcaba gran parte del noroeste provincial y estuvo bajo el mando del fallecido coronel Manuel Fernando Saint Amant. Durante las audiencias declararon más de 100 testigos, entre vecinos, víctimas y familiares.
En el inicio del juicio también se abordaban los casos de otras 17 víctimas por los cuales se encontraban imputados Hubo Bellet, Nicolás Antonio Federico Bossie, Guillermo Aníbal Piccione y Bernardo Luis Landa, quienes fallecieron durante el proceso, por lo que se declaró extinguida la acción penal.
Detalle del pedido de penas
Tras 14 jornadas de alegato fiscal, el Ministerio Público Fiscal expuso el pedido de penas para los acusados. Para Adrián Domingo Meisner y Gregorio Florentino Mancilla, excabos de la delegación San Nicolás de la Policía Federal, solicitó prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por considerarlos coautores de los delitos de la causa «Marfott de Trod»: allanamiento ilegal, tormentos agravados por tratarse de un perseguido político y homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.
Para los exoficiales de la delegación San Nicolás de la DIPPBA, vinculados con los hechos de la causa «Santillán», la fiscalía pidió ocho años de prisión para Miguel Ángel Amarillo y seis años para Oscar Alberto Parodi y Raúl Calabresi por ser coautores de privación ilegítima de la libertad agravada por violencia y amenazas, y tormentos agravados por tratarse la víctima de un perseguido político. En el caso de Amarillo, en perjuicio de tres víctimas; en el de Parodi y Calabresi, contra una. Además, se solicitó la inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.
Para el exoficial Enabel Otilio Cappa, el MPF solicitó prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por ser coautor de los mismos delitos en perjuicio de seis víctimas, sumado al homicidio de esas seis personas.
El excoronel Carlos Manuel Biglieri, quien ocupaba el cargo de subteniente de la Sección Antisubversiva del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás, recibió el pedido de seis años de prisión e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena como coautor de los crímenes de la causa «Comolli»: privación ilegítima de la libertad agravada por violencia y amenazas, y por duración de más de un mes; tormentos agravados; y allanamiento ilegal.
Para el exmayor del Destacamento de Inteligencia 101 de San Nicolás, Omar Andrada, la fiscalía solicitó prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por considerarlo coautor de los hechos de las causas «Santillán», «Berg», «Francioni» y «Comolli», por delitos de privación ilegítima de la libertad con distintos agravantes, allanamiento ilegal, robo agravado por ser en poblado y en banda, y homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.
Las causas
Entre los casos juzgados se encuentra el allanamiento ilegal sufrido por la familia Berg en la ciudad de San Nicolás. La fiscalía dio por probado que, en la madrugada del 16 de mayo de 1976, personal del Ejército del Área Militar 132 irrumpió en la vivienda de la calle Reynoso con armas de largo calibre para secuestrar a sus integrantes, con militares apostados en los techos de las viviendas linderas.
En ese operativo se detuvo a Juan Berg Frank y a sus dos hijos mayores, de 18 y 15 años, quienes fueron trasladados al Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás. Esa misma noche, otro operativo en el mismo domicilio detuvo a María Mayer de Berg junto a sus tres hijos de 11 años, un año y medio y cuatro meses. La madre fue sometida a interrogatorios en los que le pedían que afirmara pertenecer al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y fue liberada al día siguiente. Su esposo y sus hijos mayores fueron trasladados a la Delegación Local de la Policía Federal, donde sufrieron tormentos. Los hijos permanecieron secuestrados dos días y el padre estuvo detenido 18 días.
En la causa «Marfott de Trod» se aborda el allanamiento ilegal de la casa de los militantes Cecilia Marfott y Jorge Luis Trod, en las calles Schubert y Chopin de San Nicolás, perpetrado el 17 de noviembre de 1976 por fuerzas de la Policía de la Provincia de Santa Fe. En ese hecho fue asesinado el cuidador de la vivienda, Ignacio Valetin Sabena, luego de ser sometido a torturas. En el operativo se enfrentaron miembros de la Policía Federal y de la Policía provincial, con el resultado de dos agentes federales muertos. Marfott y Trod no se encontraban en el domicilio al momento de los hechos y pudieron huir tras ser alertados por vecinos. Al día siguiente, personal del Ejército saqueó la casa y robó objetos.
En la causa «Santillán» se investigan los hechos que tuvieron como víctimas a los militantes Benjamín Santillán, Carlos Alberto Aranda, María Cristina Lanzilloto, Carlos Gerardo Pérez, Leonor Genoveva Pierro e Irenes Ballester, detenidos y desaparecidos, integrantes de la «Regional Norte-Norte» o «Riberas del Paraná» del ERP. Santillán fue secuestrado el 9 de noviembre de 1976 por fuerzas militares y personal de la DIPPBA a la salida del bar Esso, en la avenida Savio de San Nicolás.
La causa «Francioni» juzga los hechos contra trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Pergamino, y el expediente «Comolli» aborda la persecución de obreros metalúrgicos con participación sindical, mayormente de la agrupación Felipe Vallese.
Fuente: Ministerio Público Fiscal de la Nación