El Gobierno nacional reconoció que una parte del impuesto a los combustibles, que por ley debe destinarse al mantenimiento de rutas, se desvía para lograr el equilibrio fiscal. Una investigación periodística reveló que solo una cuarta parte de lo recaudado se ejecutó en obras viales.
El Gobierno nacional, que prometió bajar impuestos, aumentó varios tributos, entre ellos el que se cobra por cada litro de combustible. En paralelo, se clausuraron obras públicas, incluidas las viales. Ese gravamen tiene asignación específica: el mantenimiento de rutas nacionales. Sin embargo, el Ejecutivo utiliza parte de lo recaudado para sostener el equilibrio fiscal, según admitió el vocero presidencial, Adrián Ravier.
Una investigación periodística firmada por Hugo Alconada Mon en el diario La Nación reveló que la administración de Javier Milei recaudó más de 1,5 billones de pesos mediante el tributo, pero aplicó apenas una cuarta parte al destino específico que ordena la ley. La operatoria gira en torno al Sistema Vial Integrado (SisVial), un fideicomiso creado hace dos décadas para asegurar que el dinero proveniente de los surtidores no se desviara a gastos corrientes. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, el nivel de fondos inmovilizados no paró de crecer, alcanzando una tasa de subejecución del 73,8%.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, admitió que el Ministerio de Economía retiene «para lograr el equilibrio fiscal» una parte de lo recaudado por el impuesto a los combustibles. «No diría que nada del dinero de ese impuesto va al mantenimiento de las rutas», afirmó Ravier en una entrevista con El Diario de La Pampa. «Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas, pero sin duda una parte de esos impuestos van», agregó. Lo que no se destina a la asignación específica, dijo, Economía lo desvía como «parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja».
En 2024, solo se ejecutó el 11,3% de lo recaudado para obras (40.668 millones de pesos). Durante 2025, la cifra subió al 39% (270.592 millones) y en los primeros cinco meses de 2026 volvió a bajar al 18,5% (83.144 millones). En total, de los 1.503.252 millones de pesos recaudados, únicamente 394.406 millones llegaron al asfalto.
La investigación sostiene que más de 1 billón de pesos de estos fondos está inmovilizado en inversiones financieras gestionadas a través del Banco Nación bajo las órdenes exclusivas del Ministerio de Economía. Hasta mediados de 2025, el dinero se colocaba mayoritariamente en plazos fijos, pero luego el ministro Luis Caputo ordenó volcar masivamente los recursos a la compra de títulos públicos y Letras del Tesoro (Lecap, Boncap y Lecer). Los expertos consultados por Alconada Mon definieron la estrategia de la cartera económica como de «mesa de dinero».
La recaudación nacional de julio de 2026 arrojó que los tributos a los combustibles fueron los de mejor rendimiento en el segmento de consumo, con una recolección mensual de 638.389 millones de pesos y un alza interanual del 25%.
La retención de esta millonaria caja ocurre en un escenario de vacío en el control estatal. El SisVial tiene un régimen específico que lo excluye de la Ley de Administración Financiera. Entonces, las encargadas de supervisar su manejo son la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Auditoría General de la Nación (AGN). La investigación constató que ninguno de estos organismos revisó la ejecución del fideicomiso en los últimos años.
El manejo de la recaudación generó conflicto con organismos de crédito internacionales. El caso más evidente es el de una auditoría externa realizada sobre el préstamo que el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) otorgó para el Programa de Corredores Logísticos de Integración. En ese proyecto, la CAF debía financiar el 69,74% de la obra y el Estado argentino cubrir el porcentaje restante. Sin embargo, al revisar los números de 2025, los auditores emitieron una advertencia: el aporte ejecutado con los fondos de contraparte local fue «nulo (0%)».
El deterioro de la red vial nacional generó un choque directo de la Casa Rosada con los gobiernos provinciales. En La Pampa, ante la falta de mantenimiento, el gobernador Sergio Ziliotto decidió avanzar unilateralmente y enviará a la Legislatura un proyecto para crear una «Tasa Vial» para financiar el mantenimiento de rutas nacionales que pasan por la jurisdicción. El peaje pampeano apuntará a los camiones de más de cinco ejes que transportan arena desde Entre Ríos hacia los yacimientos de Vaca Muerta, exceptuando a los transportistas locales. Ziliotto solicitó al Gobierno nacional que le transfiriera la jurisdicción de 600 kilómetros de rutas, pero exigió que el traspaso incluyera los fondos del impuesto a los combustibles que la Nación recauda y no ejecuta. Ante la negativa de la Casa Rosada, la provincia optó por cobrarle directamente a los camiones.
Diferente fue la postura del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Firmó el traspaso de la Ruta Nacional A012 por 20 años. La provincia, cuyos ciudadanos aportan a financiar el mantenimiento de rutas nacionales cada vez que cargan nafta o gasoil, costeará los trabajos que Nación no realiza con lo que recauda. El mandatario cordobés, Martín Llaryora, mantiene negociaciones avanzadas por la Ruta 19 en el mismo sentido.
A mediados de junio, a través del decreto N° 256, Nación le otorgó a nueve provincias (con Neuquén y Río Negro incluidas) la posibilidad de otorgar “concesiones de obra pública por peaje” en las rutas nacionales de sus jurisdicciones. En aquel entonces, el ministro de Obras Públicas de Río Negro, Alejandro Echarren, advirtió que el Estado provincial no estaba «en condiciones de poner dinero sobre rutas nacionales», porque ya lo hacen en los corredores provinciales. En junio de 2025, el intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido, reclamó a Nación una deuda superior a los 48.105 millones de pesos por obras frenadas y contratos no abonados.
Las consecuencias de subejecutar el dinero vial también impactan en el comercio internacional y las fronteras. Según la nota de La Nación, el Sistema Integrado Cristo Redentor (SICR), el principal paso terrestre hacia Chile ubicado en Mendoza, lleva casi un mes clausurado. Eso genera pérdidas que superan los 35 millones de dólares para el sector del transporte. Hoy, más de 3.000 camiones permanecen varados solo en la provincia de Mendoza. Otros miles se desvían a Neuquén y también quedan atrapados en cruces fronterizos cerrados por las inclemencias climáticas. Las autoridades de Vialidad de Chile, que ya despejaron su sector hasta la boca del túnel trasandino, le ofrecieron formalmente al gobierno argentino cruzar la frontera con sus propias maquinarias para ayudarlos a sacar la nieve en la localidad de Las Cuevas. Desde la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam) reaccionaron: «Nos preguntamos dónde quedó toda la inversión que se hizo años atrás. No se mantuvieron los campamentos y no sabemos dónde están las máquinas barre nieve, motoniveladoras y palas cargadoras que se adquirieron».