La Cámara de Senadores dio media sanción al proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional para agilizar los procesos de desalojo y establecer límites a las expropiaciones. La iniciativa obtuvo 37 votos a favor y 33 en contra, tras una jornada de negociaciones y concesiones del oficialismo.
La Cámara de Senadores aprobó en general el proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional para agilizar los procesos de desalojo y establecer límites a las expropiaciones. La iniciativa consiguió 37 votos a favor y 33 en contra, luego de una jornada marcada por las negociaciones entre La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas.
El oficialismo logró reunir el respaldo de sus 21 senadores, nueve radicales, tres integrantes del PRO y legisladores provinciales de Misiones, Corrientes y Chubut. En cambio, el interbloque peronista y otros bloques opositores rechazaron la propuesta.
El proyecto fue aprobado después de que el Gobierno aceptara recortar nuevamente el texto original. Primero había eliminado el capítulo referido a la extranjerización de tierras y, durante el debate, tuvo que retirar también los artículos que modificaban la Ley de Manejo del Fuego ante la falta de votos para sostenerlos.
La iniciativa mantiene así uno de sus principales objetivos: modificar el procedimiento judicial para recuperar inmuebles ocupados ilegalmente. El proyecto propone que los desalojos tramiten por una vía sumarísima, con plazos más breves que los establecidos actualmente.
Desde el oficialismo defendieron la medida como una herramienta para proteger la propiedad privada y evitar que las demoras judiciales terminen perjudicando a los propietarios. El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, sostuvo que el objetivo es «simplificar y acelerar los procesos para que los dueños de los bienes no sean castigados por las demoras judiciales» y garantizar el principio establecido en el artículo 17 de la Constitución Nacional.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, también defendió la iniciativa durante el cierre del debate y aseguró que busca terminar con las usurpaciones y proteger a quienes fueron perjudicados por ocupaciones ilegales.
El Gobierno cedió con la Ley de Manejo del Fuego
Uno de los principales reveses para el oficialismo durante la sesión estuvo vinculado con la Ley de Manejo del Fuego. La intención inicial era flexibilizar las restricciones que rigen sobre los terrenos afectados por incendios, pero los cambios no consiguieron el respaldo suficiente entre los senadores aliados.
La normativa vigente, aprobada en 2020, establece que los bosques nativos y humedales afectados por incendios no pueden modificar su uso durante 60 años. Para las tierras agropecuarias, el plazo es de 30 años.
El Gobierno había planteado modificar ese régimen al considerar que las restricciones pueden terminar perjudicando a los propietarios de terrenos afectados por incendios. Sin embargo, varios senadores que acompañaron el proyecto sobre propiedad privada rechazaron ese capítulo. Entre ellos estuvieron los radicales Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, además de Edith Terenzi, Flavia Royón, Alejandra Vigo, Carlos Carambia, Natalia Gadano, Beatriz Ávila y los representantes de Misiones.
Un debate con fuertes cruces
La discusión en el recinto estuvo atravesada por fuertes cuestionamientos de la oposición. El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, calificó el proyecto como «inconstitucional» y cuestionó especialmente las modificaciones previstas para el régimen de expropiaciones.
Desde el peronismo también advirtieron sobre las consecuencias del nuevo procedimiento de desalojos. La senadora rionegrina Ana Marks sostuvo que acelerar las expulsiones no resuelve el problema habitacional y cuestionó la falta de medidas destinadas a quienes tienen dificultades para acceder a una vivienda.
El senador pampeano Daniel Bensusán, por su parte, criticó el tratamiento parlamentario de la iniciativa y afirmó que los legisladores recibieron el nuevo dictamen poco antes del comienzo de la sesión.
Desde La Libertad Avanza, en cambio, defendieron la necesidad de establecer reglas más previsibles para propietarios e inversores. El senador Gonzalo Guzmán Coraita sostuvo que «la Argentina necesita reglas claras para ser un país previsible».
El radical Maximiliano Abad acompañó el proyecto, aunque marcó diferencias con el oficialismo y advirtió que las inversiones no dependen únicamente de modificaciones legales, sino también de la estabilidad institucional y de una política de Estado sostenida en el tiempo.
Con la aprobación en general, el Gobierno consiguió avanzar con uno de los ejes de su agenda legislativa, aunque debió resignar parte de la iniciativa original para reunir los votos necesarios en el Senado.