La Cámara de Senadores de Santa Fe aprobó por unanimidad y giró a Diputados el proyecto de ley que declara la emergencia hídrica en la provincia, en el marco de los pronósticos por el fenómeno El Niño.
En la sesión del jueves 6 de agosto, la Cámara de Senadores de Santa Fe aprobó por unanimidad y giró a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que declara la emergencia hídrica en la provincia. La norma, que había ingresado por mesa de entradas una semana antes, busca otorgar herramientas excepcionales al Poder Ejecutivo para prevenir y mitigar los efectos de las crecientes y precipitaciones asociadas al fenómeno climático El Niño.
El proyecto fue tratado sobre tablas, luego de que recibiera preferencia la semana pasada. El jefe de bloque del radicalismo, Rodrigo Borla, agradeció la colaboración de la oposición justicialista, que acompañó con su voto la sanción de la norma. El expediente pasará a la Cámara de Diputados, que podría sesionar el jueves 13 de agosto.
La iniciativa declara la emergencia y faculta al Poder Ejecutivo a adoptar medidas para la prevención y atención inmediata en materia habitacional, alimentaria, de vestido y sanitaria de las personas afectadas. También autoriza a los organismos provinciales a proyectar, contratar, dirigir y ejecutar obras hidráulicas, como movimiento de suelos, terraplenes, limpieza de canales, alteos, defensas, apertura de rutas, canalizaciones, cegados, obturaciones, lagunas de retardo y endicamientos de cursos de agua.
Además, se contempla la clausura, modificación, restauración y mejorado de caminos rurales, vías de comunicación y accesos terrestres, y toda otra obra que se considere pertinente. La norma habilita contrataciones especiales de bienes y servicios con carácter de urgencia, cuyos procedimientos serán reglamentados por el Poder Ejecutivo, incluyendo criterios de selección, adjudicación y evaluación de propuestas, garantizando transparencia, igualdad, concurrencia y competencia entre oferentes.
El proyecto también dispone que el Tribunal de Cuentas efectúe el control de los actos y procedimientos derivados de la emergencia en un plazo máximo de 10 días hábiles, y que comunique sus resultados a las cámaras legislativas. La norma establece que el carácter excepcional prioriza la agilidad de los trámites y contrataciones.