La iniciativa del Gobierno de Javier Milei elimina límites para la compra de campos por parte de extranjeros y propone cambios en los desalojos y expropiaciones.
El proyecto de reforma de la Ley de Tierras Rurales que impulsa el Gobierno de Javier Milei será tratado este jueves en el Senado. La iniciativa propone eliminar los límites vigentes para la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas privadas extranjeras, aunque mantiene controles cuando los compradores sean Estados extranjeros, empresas estatales o sociedades bajo su control.
La Ley 26.737 vigente establece que los extranjeros no pueden superar el 15% de las tierras rurales del país, con un tope que también aplica a nivel provincial y municipal. Además, fija un límite de 1.000 hectáreas en la zona núcleo y prohíbe la compra de campos ubicados sobre cuerpos de agua permanentes, glaciares y áreas de frontera. Según datos oficiales, alrededor del 6% de las tierras rurales argentinas están en manos extranjeras.
El proyecto habilita la adquisición de territorios que contienen cuerpos de agua (ríos y lagos) y zonas de seguridad de frontera. También elimina la prohibición de comercializar campos arrasados por incendios en los entre 30 y 60 años posteriores al siniestro, medida que solo se mantendría para los bosques nativos con protección especial. El Ejecutivo argumentó que la prohibición actual castigó el valor de las tierras de los productores sin alcanzar resultados reales en el cuidado del ambiente.
En la región, Brasil limita la propiedad extranjera al 25% del territorio de cada municipio, y una misma nacionalidad no puede concentrar más del 10% de esa superficie. Uruguay exige mecanismos de identificación y transparencia para la compra de campos por extranjeros. Paraguay presenta una alta participación extranjera en la propiedad rural, estimada entre el 14% y el 19% del territorio, pero sin un esquema de apertura irrestricta como el propuesto.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que la reforma busca diferenciar a los inversores privados de los Estados extranjeros. Mientras los primeros dejarían de tener restricciones para adquirir tierras, los segundos quedarían sometidos a controles más estrictos y necesitarán autorización específica. El Ejecutivo afirmó que el objetivo es facilitar el ingreso de capital privado sin resignar mecanismos de control sobre gobiernos extranjeros.
El proyecto también simplifica los desalojos en casos de falta de pago, ocupación o toma de terrenos, y reduce las posibilidades de ejecutar una expropiación. La iniciativa modifica el Código Procesal Civil y Comercial para acelerar la restitución de viviendas y terrenos, estableciendo el juicio sumarísimo para expulsar a quienes no paguen el alquiler, okupas o personas que tomen un terreno.