El gobierno de Santa Fe extendió la emergencia en materia social, educativa y sanitaria en todo el territorio provincial mediante un decreto que cita indicadores de pobreza, aumento de consumos problemáticos y presión sobre el sistema de salud público.
El gobierno provincial decidió extender por un año la Emergencia en Materia Social, Educativa y Sanitaria en todo el territorio santafesino. La medida, formalizada mediante un decreto, rige desde esta semana y se basa en un diagnóstico que combina indicadores sociales, demandas sobre servicios públicos y el impacto de políticas implementadas por el Gobierno nacional.
En los fundamentos del decreto, la administración provincial sostuvo que persisten las condiciones que motivaron la declaración original de la emergencia y advirtió sobre un escenario económico complejo que continúa afectando a miles de familias santafesinas.
Para justificar la decisión, el escrito citó estadísticas del Indec correspondientes al segundo semestre de 2025. Según esos datos, en el Gran Rosario la pobreza alcanzó al 16,6% de los hogares y al 22,3% de las personas, mientras que en el Gran Santa Fe los porcentajes llegaron al 22,8% y al 30,6%, respectivamente.
La norma también incorporó datos sobre la situación de niños, niñas y adolescentes, mencionando informes que reflejan altos niveles de pobreza infantil en el país. Otro punto destacado es el crecimiento de los consumos problemáticos: el decreto señaló que las situaciones abordadas por la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas aumentaron de manera sostenida, con un incremento acumulado superior al 150% entre 2023 y 2025.
En materia sanitaria, el documento sostuvo que la crisis económica nacional provocó una mayor presión sobre hospitales y centros de salud públicos, debido a la pérdida de cobertura de afiliados a obras sociales y las dificultades económicas de numerosos sectores. Asimismo, el decreto mencionó la reducción o interrupción de programas nacionales vinculados a la salud, como salud sexual y reproductiva, Remediar e Incluir Salud, y problemas en la provisión de medicamentos, vacunas e insumos críticos. Según la administración provincial, esta situación obligó a Santa Fe a incrementar recursos propios para sostener prestaciones que anteriormente contaban con financiamiento nacional.
La prórroga de la emergencia también se inscribe en un contexto de caída de transferencias y recursos federales. El decreto sostiene que la crisis económica impacta de manera directa en las áreas sociales, educativas y sanitarias, generando mayores demandas sobre el Estado provincial.
La medida contempla que el Ejecutivo provincial conservará herramientas administrativas extraordinarias para agilizar contrataciones, compras y ejecución de gastos en áreas consideradas críticas. En el área de salud, durante la vigencia de la emergencia se realizaron más de 2.500 gestiones entre licitaciones aceleradas y contrataciones directas para asegurar el funcionamiento de hospitales y centros de salud. Además, la medida busca sostener programas vinculados a la asistencia social, la seguridad alimentaria, la promoción de derechos y el sistema educativo.