Las titulares del MPA y MPD respondieron al ofrecimiento de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, señalando que no resuelve el conflicto por el reparto de oficinas en el nuevo edificio judicial de la capital provincial.
Las titulares del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Ministerio Público de la Defensa (MPD) de Santa Fe rechazaron la oferta de espacios realizada por la Corte Suprema de Justicia de la provincia. A través de un comunicado conjunto, la fiscal general María Cecilia Vranicich y la defensora general Estrella Jorgelina Moreno Robinson afirmaron que la propuesta no resuelve el conflicto de fondo por el reparto de oficinas en el nuevo edificio judicial de la capital provincial.
En el comunicado, las funcionarias reiteraron que la Constitución provincial «debe ser respetada y cumplida», especialmente por quienes se desempeñan como funcionarios del Servicio de Justicia. Sostuvieron que lo dispuesto por la Corte «no respeta el marco legal aplicable».
La respuesta se dio luego de que la Corte Suprema difundiera un comunicado en el que anunció que, en Acuerdo Ordinario del 23 de junio, resolvió poner a disposición del Ministerio Público los espacios del sexto piso del Edificio «Anexo Palacio de Justicia» (Av. Gral. López 2761) y el edificio completo que ocupa el Fuero Laboral Santafesino, en Peatonal San Martín 2651, con una superficie estimada de 4.000 metros cuadrados. El máximo tribunal también reiteró el ofrecimiento del edificio donde funcionan actualmente los Tribunales laborales e invitó a una «instancia de diálogo».
El MPA y el MPD señalaron que esa decisión, identificada como Acordada N.° 23, punto único, «no respeta lo dispuesto por la cláusula décimosexta de las disposiciones transitorias de la Constitución Reformada», que establece que el uso y destino de los inmuebles, espacios y bienes ya afectados al Ministerio Público «no podrá ser modificado sin la conformidad del Ministerio Público». Además, recordaron que la Corte ya había avanzado en un sentido similar con la Acordada N.° 4, punto 16, del 24 de febrero pasado.
Según el comunicado, en 2021 la Secretaría de Gobierno de la Corte formalizó y afectó los espacios del nuevo edificio a ambas instituciones: el primer piso al MPD (1.030 metros cuadrados) y el cuarto y quinto piso, junto con parte del subsuelo, al MPA (2.582 metros cuadrados). Los firmantes remarcaron que «nunca se solicitó conformidad» a sus instituciones para modificar esa asignación, «tal como lo exige la norma citada».
El comunicado también señaló que la obra fue financiada con un crédito internacional obtenido por la Provincia y habilitado por la Ley N.° 13.543 de 2016, cuyo Anexo Único estableció la construcción de un Centro de Justicia Penal de Santa Fe. Para los firmantes, «el destino de los fondos públicos no puede ser alterado».
Pese al rechazo, el MPA y el MPD indicaron que, como órganos autónomos e independientes, continuarán exigiendo el cumplimiento de la ley y de los mandatos constitucionales, y se reservaron el derecho de avanzar con acciones legales. No obstante, aclararon que están «siempre predispuestas al diálogo», tal como lo plantearon en una nota conjunta presentada el 1° de abril pasado ante la Corte, que según indicaron aún no recibió respuesta.
Las titulares de ambos ministerios públicos cerraron el comunicado insistiendo en que los ciudadanos de la capital provincial cuenten con un Centro de Justicia Penal que albergue a los tres pilares del sistema —fiscales, defensores y jueces penales— en el marco de la implementación del sistema de justicia penal acusatorio.
La controversia se da a pocos días de la inauguración del nuevo edificio, prevista para el martes 30 de junio, y profundiza la tensión entre la Corte y los ministerios públicos.