El gobierno de Santa Fe, junto al establishment agroexportador, prepara un modelo para administrar y mantener rutas. Tensión con intendentes por el destino de la tasa a camiones.
Cuando el miércoles pasado finalizaba la reunión con agroexportadores, puertos privados y la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el gobernador Maximiliano Pullaro pidió a sus ministros presentes que, antes de cerrar el esquema de mantenimiento de los accesos a puertos y rutas, acuerden con los intendentes. Es la única traba política que encuentra el gobierno provincial para, de una vez por todas, empezar a darle forma al circuito único portuario que desde hace dos años persigue. No es un problema menor, sobre todo en momentos en que finalmente se avanzó con los borradores.
Por ahora ensaya un diseño junto al sector privado para infraestructura vial en un contexto en que la Nación no envía dinero y las arcas provinciales están más ajustadas por la baja de la recaudación. En el fondo, es -y será en lo electoral- una muestra de resolución para hacer obra pública y mantenimiento, y no quedarse en el «no hay plata» de Javier Milei mientras todo se detona alrededor.
En rigor, se piensa en un fideicomiso público-privado para administrar el mantenimiento de rutas y los accesos estratégicos a las terminales agroexportadoras. La provincia, las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe, cerealeras, transportistas y municipios darían forma a ese modelo. Sería una figura similar al fideicomiso de la autopista Rosario-Santa Fe pero, en vez de que el Ejecutivo lo administre, lo haría un ente no estatal con gobernanza mixta, que recauda y contrata obras y servicios de mantenimiento. No se prevé la figura de concesionario.
En Economía, Desarrollo Productivo y Obras Públicas explican que “no está cerrado el modelo” pero es el que se está trabajando, y hasta tiene la adhesión del establishment que esperar trabajar la letra chica. El ejemplo son la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), que son los que terminan usufructuando en gran parte las grandes obras que paga el Estado. Acá el modelo se innova.
El esquema propone un sistema único de cobro que reemplazaría a los peajes y tasas municipales actuales para camiones, con un mecanismo de coparticipación para esas localidades a cambio de que no cobren nada por fuera. En principio, los peajes quedan dentro del fideicomiso, aunque se deberían diferenciar los cobros.
“El que rompe paga”, dice el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y recuerda que transitan dos millones de camiones por año en la zona, algunos de doce provincias ajenas a Santa Fe. Si no hay mantenimiento, en cinco años se destrozan las rutas nuevas y caminos ejecutados y proyectados como de La cremería, autopista y accesos, por nombrar algunas.
La recaudación quedaría blindada de la intervención estatal directa, asegurando que el ingreso por tonelada se destine exclusivamente a la preservación de los caminos. “La plata no entra al Estado sino a la ruta”, grafica el secretario de Cooperación, Cristian Cunha. Esa iniciativa buscaría no sólo la reparación inmediata a través del flujo sino también la posibilidad de acceder a mercados de capitales para financiar futuras obras de gran envergadura. Así ocurrió con el tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe, donde invirtieron aseguradoras, cerealeras y otros privados y lo impulsó la Bolsa. Todo está en debate.
A su vez, la provincia reclama que la Nación ceda de una vez por todas la A012 así puede sumarla al esquema. Por estas horas enervan los ánimos esperando que Vialidad tenga el ok para firmar el convenio y, de esa forma, Nación no falte nuevamente a su palabra más allá de que esté el decreto. “Una cosa es que te den la A012, otra cosa que no te la den”, explican. Sin embargo, podría tener un tratamiento especial esa traza porque la Nación habilita a concesionarla.
Desde Arroyo Seco hasta Timbúes, con excepción de Rosario, los municipios portuarios le cobran una tasa a cada camión que transita su ciudad para entrar al puerto como forma de compensar, en obras y servicios, el impacto vial del tránsito pesado dentro de la urbe. Con las tasas que cobran las terminales y les giran a las arcas municipales (mismo mecanismo de cobro se mantendría con el fideicomiso) manejan fondos importantes. Los municipios tienen un costo real, no solo en mantenimiento de calles internas donde circula el tránsito pesado sino en servicios complementarios como control de tránsito, limpieza de lo que implica el camión (porotos de soja, por ejemplo), desratización, seguridad, etc. La sospecha es que se trata de una caja de libre disposición sin control que se utiliza para diversas cuestiones, no solo mantenimiento vial, y que ningún intendente del cordón industrial quiere perder. El de Puerto San Martín, Carlos De Grandis, y el presidente comunal de Timbúes, Antonio Fiorenza, son los que más