En su exposición anual ante el Senado provincial, la jefa del Ministerio Público de la Acusación analizó la violencia extrema adolescente, tomando como referencia el tiroteo en San Cristóbal, y sugirió evaluar restricciones al acceso digital de jóvenes.
Este jueves, en el recinto de la Cámara de Senadores de Santa Fe, la fiscal general María Cecilia Vranicich presentó el informe de gestión 2025 del Ministerio Público de la Acusación (MPA). La actividad, conducida por el presidente provisional del cuerpo, Felipe Michlig, se realizó en cumplimiento de lo establecido por la nueva Constitución provincial, que dispone una audiencia pública anual ante la Legislatura.
Durante su exposición, Vranicich detalló las principales acciones y resultados del MPA durante el año pasado, y analizó el contexto de conflictividad penal registrado en los primeros meses de 2026. Uno de los ejes centrales fue la problemática de la violencia extrema adolescente y juvenil, que la fiscal describió como un contexto dramático para la sociedad.
El reciente tiroteo ocurrido el 30 de marzo en la Escuela Nº 40 de San Cristóbal marcó parte del debate. Vranicich destacó que la investigación conjunta con fuerzas policiales y autoridades nacionales permitió dilucidar el hecho. «Todos sabemos qué es lo que ocurrió, las motivaciones», afirmó, subrayando que lo urgente es entender qué subyace a estos actos.
Uno de los pasajes más destacados de su presentación se centró en el papel de las redes sociales. La fiscal explicó que, durante la pesquisa por el tiroteo, tomaron contacto con especialistas en comunidades digitales juveniles, lo que les permitió comprender un universo hasta entonces desconocido. Alertó sobre jóvenes que, manejando perfectamente el inglés, se relacionan en aplicaciones con pares de todo el mundo para exteriorizar odio.
En este marco, Vranicich llamó a los poderes del Estado a evaluar la posibilidad de limitar el acceso de los menores a las redes sociales, siguiendo ejemplos de otros países. Citó el caso de Australia, que aplica fuertes multas a empresas que no cumplen restricciones, y el de Francia, con un modelo que permite el acceso a enciclopedias y herramientas de comunicación, pero restringe plataformas como TikTok o Instagram.
«No digo que haya que tomar esas medidas, digo que hay que ponerlas en discusión. Tal vez no sabíamos por qué esos países tomaron dichas decisiones. Ahora sí nos estamos dando cuenta», enfatizó la fiscal general.
La actividad contó con la presencia de legisladores provinciales y autoridades, en una instancia orientada a garantizar la publicidad de los actos de gobierno.