A 24 meses de haber congelado el bono de los jubilados que cobran la mínima, el gobierno de Javier Milei consolida un ajuste brutal sobre las jubilaciones. Luego de haber vetado, el año pasado, la ley que les otorgaba una compensación parcial, mantiene desactualizado el índice al cual están indexados los haberes y avanza con una reforma laboral que le quitará miles de millones de dólares a la ANSES para financiar despidos y negocios financieros. La “casta” que prometía combatir está de fiesta, los jubilados, cada vez más lejos de poder llegar a fin de mes.
El Decreto 109/2026 oficializó que en marzo el bono para las jubilaciones mínimas seguirá siendo de $70.000. Ese monto fue fijado en marzo de 2024 y nunca más se actualizó. En el medio, la inflación acumulada entre marzo de 2024 y enero de 2026 fue del 115%. Si el bono hubiera mantenido su poder de compra, hoy debería ser de $151.046. Con la jubilación mínima en torno a $369.600, un jubilado debería estar cobrando más de $520.000. El bono congelado equivale apenas al 46% de su valor original, perdió un 54% de su poder adquisitivo.
El adicional para las jubilaciones mínimas, que son la gran mayoría, había surgido como una medida de Alberto Fernández y Cristina Kirchner que habían aprobado una fórmula de actualización que daba resultados muy por detrás por la inflación, dejando al Ejecutivo la decisión de complementarlas por esa vía o no. Este ataque previo a los adultos mayores, allanó el camino para que la Libertad Avanza recortará aún más los haberes.
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En julio pasado, el Congreso había aprobado una suba del bono a $110.000, que compensaba la inflación acumulada medida por el Indec hasta fines de 2024. Milei la vetó. El costo fiscal de esa medida era de apenas 0,12% del PBI. Pero el mismo Gobierno impulsa la reforma laboral que incluye el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que implicará un costo de hasta 0,37% del PBI para la ANSES por el desvío de aportes patronales. Plata para los empresarios hay, para los jubilados, no.
El ajuste se profundizó desde el inicio del mandato cuando Milei cambió la fórmula de movilidad y la ató a la inflación con dos meses de rezago, pero sin incluir el primer trimestre de su gobierno. En abril de 2024 aplicó aumentos en cuotas que quedaron muy por detrás del salto inflacionario generado tras la megadevaluación de Caputo.
La nueva movilidad cristalizó el ajuste inicial y le fue agregando el surgido de mantener desactualizada la canasta de consumos con la que el Indec mide la inflación. Entre abril de 2024 y diciembre de 2025, los haberes mínimos aumentaron 99%, cuando deberían haber subido 140% si se hubiera actualizado correctamente el índice de precios, según la estimación realizada por el centro CEPA. La pérdida acumulada por esa diferencia supera el millón de pesos por jubilado. Si se suma el congelamiento del bono, el “ahorro” hecho a costa de cada jubilado que cobra la mínima superaba los $2,4 millones al finalizar el 2025.
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El Gobierno se negó a actualizar la canasta de consumo con la que se mide el IPC, vigente desde 2004 y desfasada respecto de los gastos reales. Postergó la actualización con el argumento de que se hará “cuando el proceso de desinflación esté consolidado”. Una arbitrariedad que garantiza aumentos más bajos y jubilaciones cada vez más deterioradas.
La realidad es dramática. Según la Defensoría de la Tercera Edad, en octubre de 2025 un jubilado necesitó más de $1,5 millones para cubrir sus gastos básicos, mientras cobraba menos de $400.000 con bono incluido. Es decir, la jubilación mínima alcanzaba para apenas ocho días del mes. Medicamentos impagables, recortes en el PAMI, tarifas en alza y alimentos que no paran de aumentar completan el cuadro.
Como denunció Nicolás del Caño, la reforma laboral es “el disparo final a las jubilaciones”. El FAL se financiaría desviando aportes patronales que hoy van a la ANSES. Según estimaciones basadas en datos del BCRA, la caída de ingresos para el organismo previsional sería de entre 1.830 y 2.366 millones de dólares anuales. Es decir, se les quita a los jubilados para que las empresas puedan financiar los despidos y al mismo tiempo crear un negocio para fondos de inversión que especularán con esos recursos.
Dos años de bono congelado son expresión de un modelo que descarga la crisis sobre quienes trabajaron toda su vida. La defensa de las jubilaciones exige derrotar el ajuste, frenar la reforma laboral y abrir el camino a un sistema previsional financiado con impuestos progresivos a las grandes fortunas y el no pago de la fraudulenta deuda externa. Frente al ajuste en curso, es urgente un paro nacional activo y un plan de lucha para que la crisis la paguen los grandes empresarios y no quienes apenas sobreviven con una jubilación mínima.