El oficialismo de Unidos busca definir en las próximas dos semanas los tres mensajes del Poder Ejecutivo en materia de seguridad pública. El Presupuesto 2027 llegará en la última semana de octubre y la Tributaria en la primera quincena de noviembre.
Para lo que resta del año, al Poder Legislativo le quedan por definir tres mensajes del Poder Ejecutivo en materia de seguridad pública y los clásicos de fin de año: Presupuesto y Tributaria para el ejercicio siguiente. Después serán temas de la propia agenda legislativa los que avanzarán. En el oficialismo de Unidos hay intentos de definir la ley que regula el juzgamiento de jueces, fiscales y defensores, norma que es una de las mandas constitucionales pendientes.
Sobre seguridad pública son tres los mensajes a consideración, dos de los cuales ya fueron validados por el Senado aunque seguramente volverán a la Cámara Alta con algunas revisiones. Se trata del proyecto bautizado por el propio Poder Ejecutivo como Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública; la conformación de un sistema provincial de intervención en los mercados ilícitos de dispositivos tecnológicos y la creación dentro del sistema de la Defensa Pública de unidades especiales, para, por ejemplo, defender a efectivos de las fuerzas de seguridad.
Sobre los tres temas se habló y se escuchó el pasado miércoles en el marco de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Seguridad Pública. Los siete ministros de la Corte Suprema de Justicia pasaron por el plenario, después dos funcionarios de alto rango del Ministerio Público de la Acusación y finalmente la Defensora General, Estrella Moreno Robinson.
Inédita cumbre
El eje central del encuentro entre los diputados y la Corte fueron las herramientas donde el Ejecutivo propone modificaciones al régimen procesal penal, al régimen penitenciario, al sistema de inteligencia y al programa de recompensas, junto con una amplificación de facultades policiales para casos especiales. «Los mecanismos tradicionales del proceso penal han evidenciado limitaciones estructurales que impactan negativamente en la prevención del delito, la protección de las víctimas, la eficacia de la investigación penal, la vigencia real del Estado de Derecho», dicen los fundamentos del Poder Ejecutivo en el mensaje a consideración de la Cámara.
Fue inédita la decisión de la Corte de aceptar la invitación y asistir en su totalidad al recinto de Diputados haciendo salvedad de que no iban a hablar de temas de constitucionalidad. El mensaje de la cabeza del Poder Judicial pareció muy claro: estamos preocupados por los alcances de algunos artículos. Facultades a policías y al Servicio Penitenciario parecen encabezar la preocupación de los supremos que hicieron punta en sus observaciones con los penalistas que integran el cuerpo: Daniel Erbetta -posible presidente en el 2027- y Jorge Baclini, ex fiscal general de la provincia. Los más veteranos -Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco- se encargaron de apreciaciones puntuales. Falistocco hizo notar que a una reforma como la que propone el Poder Ejecutivo le faltaron estadísticas que ameriten su tratamiento.
Todos los ministros partieron de reconocer que la seguridad ha mejorado sustancialmente en la provincia. Erbetta incluso mencionó datos sobre avances de personas detenidas y los casos de microtráfico que hoy son gran parte del trabajo de los fiscales del MPA.
Sintonía fina en Unidos
En el seno de Unidos, los legisladores socialistas insistieron en la necesidad de «diálogo, más diálogo, más diálogo» como ocurrió al momento de reformar el sistema penal. En los hechos entendieron que muchos de los planteos de los ministros de la Corte son los suyos. Los radicales dijeron que la mayoría de las observaciones que hicieron los cortesanos ya estaban corregidas en los borradores de anteproyecto que circulan entre diputados oficialistas. Pequeñas delicias de la vida conyugal.
Esos anteproyectos están entre legisladores pero no están plasmados en despachos y ellos mismos se cuidan de que no se filtren.
El miércoles las dos comisiones volverán a reunirse con las siete entidades que pidieron opinar sobre el tema. Después será el momento de unificar dentro de Unidos el despacho que se llevará al recinto el 29 de octubre. Pretenden que otros bloques los acompañen. Todo aún prematuro cuando no está cerrado el acuerdo en el oficialismo.
Los otros dos mensajes sobre seguridad tendrán retoques que deberán ser consensuados con el Senado que ya los votó en su momento. Sobre ambos hubo observaciones de la Corte, del MPA y de Estrella Moreno Robinson.
Variables económicas para 2027
En cuanto a la pata económica, el proyecto de Presupuesto 2027 será enviado en la última semana de octubre como ordena la Constitución. Al lado del ministro de Economía, Pablo Olivares, aclararon que no habrá sorpresas y que en principio se respetarán los ejes de los últimos presupuestos con la actualización inflacionaria prevista por el gobierno nacional. En el medio, hubo reuniones preparatorias entre senadores y el equipo económico. En los próximos días, el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, se sentará con los referentes de la Cámara de Diputados. «Nadie va a ser sorprendido por el mensaje» se dice en Casa Gris.
Diez días después será el turno de presentar en Legislatura la futura Ley Tributaria donde el gobierno pretende avanzar con su política de promoción de empresas santafesinas cumplidoras en materia tributaria.
Un mensaje con ingreso por cada cámara y tratamiento conjunto sería el eje elegido por el oficialismo para avanzar antes de la Navidad con ambos temas.
En agenda
Pero también en el oficialismo hay interés en avanzar con la futura ley que regulará el juzgamiento de jueces, fiscales y defensores para dejar atrás el actual Tribunal de Enjuiciamiento (Jury) y quitar la facultad del Poder Legislativo de investigar a autoridades del Ministerio Público. Hasta el momento hay un proyecto de la socialista Lionella Cattalini y los radicales presentarán el propio en semanas más con algún guiño de la Casa Gris. Si hay acuerdo, será otra ley ordenada por la Constitución que será dictada, sino quedará para después de febrero cuando el gobernador abra el nuevo Período Ordinario de Sesiones.
Con la cuenta regresiva en marcha y las elecciones a la vuelta de la esquina, el oficialismo sabe que el margen para aprobar estas reformas institucionales es estrecho. Una vez que comience el nuevo período ordinario, la agenda legislativa quedará inevitablemente atravesada por las candidaturas de 2027. Por eso, el objetivo de la Casa Gris es claro: cerrar el año con las leyes económicas y de seguridad abrochadas en el recinto antes de que se encienda el motor de la campaña.