Las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de Santa Fe escucharon las objeciones de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público de la Acusación a tres mensajes del Poder Ejecutivo sobre seguridad.
Las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe escucharon una serie de objeciones a tres mensajes sobre seguridad que remitió el Poder Ejecutivo para el análisis legislativo.
Los ministros del Tribunal Supremo advirtieron sobre los alcances de algunas facultades que se propone otorgar a la policía. Destacaron los indicadores a la baja de delitos que se dieron en Santa Fe y el ministro Erbetta dio datos sobre prisionización.
Las acotaciones las realizó la Corte Suprema de Justicia al mensaje titulado Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública advirtiendo sobre el intento de otorgar facultades excesivas a la institución policial y los riesgos de algunas figuras que prevé el mensaje del Poder Ejecutivo.
Los diputados escucharon en primer término a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia que resolvieron aceptar la invitación y encabezados por su presidente, Rafael Gutiérrez, asistieron en forma completa. Daniel Erbetta y Jorge Baclini fueron los encargados de desmenuzar los alcances del mensaje oficial y marcar diferencias mientras que Gutiérrez y Roberto Falistocco fueron haciendo señalamientos parciales ante determinados puntos.
Luego, pasaron por la Comisión dos representantes del Ministerio Público de la Acusación: la Fiscal Coordinadora para la Gestión Estratégica y Persecución Penal por Objetivos Priorizados de la Fiscalía General, Carla Cerliani, y el Subdirector de Investigaciones Criminales del Organismo de Investigaciones, Victor Moloeznick.
Finalmente fue el turno de la Defensa Pública donde asistió su titular, Estrella Moreno Robinson y el secretario general, Franco Gatti. Ellos sí dieron respaldo al mensaje que crea unidades especiales y ocho cargos para el organismo.
«Marcamos diferencias sobre la base de tratar de respetar un esquema que es el que se sancionó con el Código Procesal Penal, luego con las modificaciones realizadas durante el gobierno de Hermes Binner y que es el único modelo que acepta la Constitución nacional y provincial: es un sistema acusatorio que básicamente se estructura sobre la base de que los fiscales son parte, a ellos les corresponde la investigación y persecución de los delitos, pero todo lo que tiene que ver con restricciones de derechos fundamentales requiere de un control jurisdiccional. O sea, esa es la función de los jueces», señaló Erbetta al retirarse de la reunión junto a sus pares.
«Vemos en el proyecto que hay una delegación de facultades a la policía e incluso de facultades jurisdiccionales a los propios fiscales que entran en conflicto con estas normas constitucionales y con los estándares internacionales. El otro planteo tiene que ver con la necesidad. No sé hasta qué punto es necesario este tipo de modificaciones. Hoy la situación de la seguridad ha mejorado notablemente. Además ha existido una articulación entre los distintos niveles del Estado. En la reunión di un dato muy contundente y es que desde que está vigente el sistema acusatorio, se triplicó la tasa de encierro en Santa Fe», resumió el ministro rosarino.
La reunión de la comisión transitó por un clima de mucho respeto y de algunas preguntas aclaratorias de los diputados. La Corte se encargó de marcar diferencias en la voz de Erbetta con algunas acotaciones parciales de Baclini. El único capítulo que no mereció reproches es el vinculado al tema de recompensas. Allí la justicialista Lucila De Ponti preguntó por el control de ese instituto y fue Gutiérrez quien marcó el rol de los jueces en todo el sistema.
Hubo interesantes acotaciones sobre figuras como medidas privativas de la libertad, la reclusión agravada o de prevención del delito. «Hay que ser muy prudentes a la hora de ceder facultades» marcó Gutiérrez en dos oportunidades. El actual presidente consideró que las restricciones a la libertad no pueden estar en manos del Servicio Penitenciario. Baclini consideró no correcto dejar medidas restrictivas de la libertad sin plazos.
Erbetta también se dedicó especialmente a cuestionar los alcances de la figura de áreas geográficas o áreas de intervención que propone el mensaje del Ejecutivo.
Ya sobre el final del tema, fue Falistocco quien pidió la palabra para marcar la baja del delito pero se encargó de destacar que «el pedido de mayores facultades debería estar acompañado de datos que informen correctamente el porqué darle más facultades a una institución». Más adelante se preguntó «qué ha cambiado para dar mayores facultades».
Después, Baclini hizo algunas observaciones sobre el mensaje -ya votado por el Senado- para intervenir en los dispositivos móviles.
Cuando se retiró la Corte hubo saludos y diálogos entre ministros y legisladores mientras se acercaban al recinto las autoridades del Ministerio Público. Molezniek y Cerliani evitaron opinar sobre medidas que tienen que ver con seguridad pública y no le competen al MPA. Además pidieron algunas modificaciones en normas.
Presidencia
Martín Rosúa y Lionealla Cattalini encabezaron la reunión plenaria con la Corte y con los representantes de los Ministerios Públicos. En la primera parte los acompañó la presidenta de la Cámara, Clara García, quien luego se retiró para asistir al encuentro interministerial que encabezaba el gobernador Maximiliano Pullaro en ATE-Casa España.
Cómo sigue
Las comisiones de Seguridad Pública que preside Martín Rosúa (UCR) y de Asuntos Constitucionales a cargo de Lionella Cattalini (PS) volverán a tener un plenario en los próximos días y citarán a los colegios de abogados de la provincia, asociaciones de víctimas, abogados penalistas para analizar estos temas.
Luego, ya en noviembre será el momento de buscar el acuerdo interno entre los bloques de Unidos para llevar el tema al recinto. «No hubo sorpresas en la reunión. Muchas de las advertencias que hizo la Corte las fuimos ya discutiendo internamente y quitando del texto», dijo un diputado radical que trabaja sobre la temática.