La legalización de Uber, DiDi y otras aplicaciones de transporte comenzó a discutirse en las comisiones del Concejo Municipal de Rosario. El oficialismo defiende la regulación de una actividad que ya funciona en la ciudad, mientras el debate expone diferencias sobre las condiciones laborales, los requisitos para los vehículos y el impacto en el sistema de transporte.
La legalización de Uber, DiDi y otras aplicaciones de transporte comenzó a discutirse en las comisiones del Concejo Municipal de Rosario. Mientras el oficialismo defiende la necesidad de regular una actividad que ya funciona en la ciudad, el debate expone diferencias sobre las condiciones laborales, los requisitos para los vehículos y el impacto de las plataformas en el sistema de transporte.
En ese contexto, Horacio Yanotti, titular del Sindicato de Peones de Taxis de Rosario, reconoció que las aplicaciones ganaron legitimidad entre los pasajeros y que una parte importante de los propios taxistas ya las utiliza para conseguir viajes. Sin embargo, advirtió que la expansión de esta modalidad profundiza los problemas de un sector golpeado por la caída de la rentabilidad y cuestionó la falta de protección social para quienes trabajan mediante esas plataformas.
“Acá no se puede tapar el sol con las manos. Hay una legitimidad que le han dado los pasajeros, que le han dado los rosarinos puntualmente a las aplicaciones extranjeras”, afirmó en diálogo con LT8.
Yanotti sostuvo que la situación económica, la pérdida de empleos y la necesidad de sumar ingresos explican parte del crecimiento de estos servicios. Según describió, hay personas que recurren a las aplicaciones después de quedarse sin trabajo y otras que las utilizan como una segunda ocupación para llegar a fin de mes.
El 70% de los taxistas ya utiliza aplicaciones
Uno de los datos que aportó el dirigente sindical fue que cerca del 70% de los trabajadores del taxi ya utiliza aplicaciones para conseguir viajes. La cifra muestra hasta qué punto estas herramientas se incorporaron a la actividad, incluso entre quienes durante años resistieron su avance.
“Hay que tener en cuenta que también tenemos casi un 70% de nuestros trabajadores, de nuestros compañeros, que ya están usando la aplicación porque las otras aplicaciones locales han fracasado”, señaló.
Yanotti recordó que Rosario contó con alternativas locales, como MoviTaxi, que habían logrado sostenerse durante un tiempo. Sin embargo, explicó que los desacuerdos entre empresarios de radiotaxis terminaron debilitando esa opción.
El titular del gremio reconoció que la postura frente a la legalización está dividida. Mientras algunos sectores mantienen su rechazo, otros consideran que es necesario encontrar una salida ante una modalidad que lleva alrededor de una década instalada en el país.
La precarización laboral, en el centro del reclamo
Para Yanotti, el problema no se limita a la competencia que representan Uber y DiDi, sino también a las condiciones en las que trabajan sus conductores. “Esto es trabajo negro. Acá no hay seguridad social, acá no hay salud para los trabajadores, acá no hay aporte jubilatorio”, cuestionó.
El dirigente consideró que la expansión de las plataformas plantea una discusión difícil para el sector: cómo reconocer una modalidad de transporte que los pasajeros eligen sin profundizar la vulnerabilidad de quienes dependen de ella para generar ingresos.
También advirtió que la competencia alcanza al transporte urbano de pasajeros. Según planteó, algunos viajes solicitados por aplicaciones pueden costar lo mismo que un boleto de colectivo, lo que suma presión sobre un sistema que también atraviesa dificultades.
La crisis, además, afecta el valor de las licencias tradicionales. Yanotti recordó que, cuando ingresó a la actividad hace unos 30 años, una licencia de taxi podía costar 40.000 dólares. Actualmente, sostuvo, la baja rentabilidad hizo que prácticamente perdiera su valor y que haya pocos interesados en comprarla.
Qué propone el municipio para regular Uber y DiDi
El mensaje del Ejecutivo busca modificar la ordenanza 10.544, aprobada en 2023, que regula las aplicaciones utilizadas para solicitar viajes en taxis y remises. La iniciativa incorpora una tercera modalidad: el servicio privado de movilidad de personas mediante plataformas tecnológicas.
Entre los principales cambios, propone crear un registro municipal para las plataformas, que deberán obtener autorización para operar en Rosario, acreditar domicilio en la ciudad, estar inscriptas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), mantener regularizada su situación fiscal y contar con un representante con residencia permanente en Rosario.
Los conductores deberán ser mayores de 18 años, tener licencia profesional, no registrar antecedentes penales y cumplir con los requisitos de capacitación y seguridad vial. Los vehículos tendrán que contar con revisión técnica vigente, patente al día y un seguro específico para el traslado de pasajeros. También deberán tener cuatro puertas y baúl, además de incorporar un código QR identificatorio.
El proyecto establece una tarifa mínima que no podrá ser inferior al valor del boleto del transporte urbano de pasajeros. A su vez, prohíbe que los conductores de las aplicaciones levanten pasajeros espontáneamente en la calle o utilicen las paradas reservadas para taxis.
Las plataformas también deberán compartir información sobre los viajes con el Ente de la Movilidad de Rosario y ofrecer herramientas para que los usuarios conozcan los datos del conductor y del vehículo, compartan su ubicación y presenten reclamos.
Las objeciones en el Concejo y el pedido de controles
Durante la reunión conjunta de las comisiones de Servicios Públicos y Gobierno, funcionarios municipales explicaron los alcances de la propuesta y concejales de distintos bloques plantearon reparos.
El concejal Mariano Romero pidió escuchar a taxistas, remiseros, cadetes y empresas de plataformas. También cuestionó las condiciones previstas para los vehículos y propuso realizar una encuesta de origen y destino para conocer la opinión de los usuarios.
Juan Pedro Aleart, de La Libertad Avanza, anticipó que su bloque no acompañará el proyecto. Entre sus objeciones mencionó la tarifa mínima y la exclusión de las motos para el traslado de pasajeros. Antonio Salinas, por su parte, planteó interrogantes sobre el impacto de las aplicaciones en el transporte público y en la movilidad urbana.
En ese escenario, Yanotti sostuvo que el municipio debe tener un papel central en el control de los vehículos y de las personas que presten el servicio. Para el dirigente, la discusión no consiste solamente en habilitar a las empresas, sino en establecer las condiciones para que los conductores puedan trabajar.
“En realidad, acá no es que se legaliza Uber y DiDi. Se legaliza a las personas y a los móviles que están trabajando para Uber y DiDi”, explicó.
El proyecto continuará su recorrido en las comisiones del Concejo, donde se deberán analizar las objeciones antes de avanzar hacia una eventual votación. La discusión combina así dos desafíos: establecer reglas para una modalidad que ya utilizan miles de pasajeros y definir cómo convivirá con los servicios tradicionales de transporte en Rosario.