La diputada nacional Marcela Pagano amplió su denuncia por las adquisiciones de alimentos en la residencia presidencial e involucró al general Sebastián Ignacio Ibáñez. El Gobierno oficializó la renuncia de María Belén Agudiez y sostuvo que la reorganización de la Quinta responde a razones de seguridad y organización interna.
La diputada nacional Marcela Pagano amplió este martes sus acusaciones sobre las adquisiciones de alimentos para la residencia presidencial y señaló al jefe de la Casa Militar, Sebastián Ignacio Ibáñez, por un presunto conflicto de intereses. La legisladora sostuvo que parte de la mercadería adquirida con fondos públicos podría haber sido desviada hacia emprendimientos gastronómicos privados vinculados con antiguos integrantes de la administración. Esa hipótesis aún no fue acreditada judicialmente.
El señalamiento incorpora al general que quedó al frente de las nuevas responsabilidades asignadas a la Casa Militar después de los desplazamientos de personal civil y la renuncia de María Belén Agudiez, hasta el domingo subsecretaria de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia.
La principal novedad apareció en una serie de publicaciones realizadas por Pagano en X. Allí afirmó que Ibáñez mantiene una relación sentimental con Agudiez y que habría participado en decisiones administrativas favorables a miembros de su familia.
Ayer te conté el plato principal pero queda el postre. Te vas a enterar de Ibáñez, el novio oculto de María Belén Agudiez, la íntima de Karina Milei que hasta ayer manejaba la Quinta de Olivos. Sentate, que con esto cerramos el menú de Olivosgate (abro )
— Marcela Pagano (@Marcelampagano) September 22, 2026
La diputada fue categórica al describir el supuesto vínculo: «Ibáñez y Belén Agudiez son pareja». También sostuvo que esa relación no había sido declarada y planteó la existencia de un posible conflicto de intereses.
La afirmación, sin embargo, no cuenta hasta el momento con corroboración documental independiente. Tampoco se identificaron públicamente las contrataciones específicas que el militar habría firmado para favorecer a los familiares de la exfuncionaria.
Pagano afirmó que los documentos correspondientes se encuentran incorporados a la causa CFP 4673/2026 y sus ampliaciones, en Comodoro Py. No fue posible acceder al escrito completo para verificar el alcance de las nuevas acusaciones ni determinar si Ibáñez fue incluido formalmente en la presentación.
El hombre que quedó a cargo de Olivos
El general Sebastián Ignacio Ibáñez fue designado jefe de la Casa Militar mediante el Decreto 291/2024, firmado el 4 de abril de ese año. El organismo depende de la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei.
Su nombre volvió a adquirir relevancia el 17 de septiembre, cuando el Gobierno anunció una reorganización del funcionamiento de la Quinta. La decisión contempló la disolución de la Administración General y la transferencia de nuevas responsabilidades a la Casa Militar.
Según informó entonces la Casa Rosada, el objetivo era reforzar la seguridad presidencial y facilitar los procedimientos administrativos. La Nación confirmó que la medida incluyó 12 despidos, entre ellos el de Osvaldo Javier Sosa, hasta ese momento intendente de la residencia.
Pagano cuestiona esa explicación oficial. Considera que el cambio de estructura pudo haber facilitado el ocultamiento de irregularidades en las compras y en el manejo de los proveedores.
La legisladora también vinculó a Ibáñez con una investigación anterior sobre presuntas coimas en contrataciones relacionadas con el mantenimiento de la flota aérea presidencial. Se trata de un episodio distinto, que no constituye por sí mismo evidencia de irregularidades en Olivos.
Las 29 toneladas de carne y los vínculos familiares
El origen de la controversia está en una licitación pública impulsada por la Secretaría General de la Presidencia para adquirir productos cárnicos y de pescadería destinados a la Casa de Gobierno y la Quinta de Olivos.
El procedimiento, identificado como Licitación Pública 0016/2026, fue publicado en el Boletín Oficial el 31 de agosto. Su modalidad es de orden de compra abierta y la apertura de ofertas estaba prevista para el 16 de septiembre.
Los pliegos contemplaban un volumen de 29.505 kilos de carne para seis meses. De esa cantidad, 9.135 kilos estaban previstos para la residencia presidencial, equivalentes a un promedio aproximado de 50 kilos diarios, según los cálculos difundidos por Pagano.
La diputada también cuestionó las cantidades de otros alimentos. Según su comparación de dos documentos oficiales, para Olivos se habían previsto cuatro veces más dulce de leche y tres veces más mostaza que para la Casa Rosada.
«Los números no cierran», escribió la legisladora al anunciar que había llevado los pliegos a la Justicia.
Las cifras corresponden a cantidades previstas en procedimientos de contratación. No demuestran que la totalidad de los alimentos haya sido efectivamente adquirida, entregada o consumida.
El dato adquiere relevancia por los vínculos familiares entre quienes participaban de la administración de la residencia.
Como publicó ayer Gente de Salta, María Belén Agudiez y Osvaldo Javier Sosa figuraban entre los funcionarios con competencia para autorizar la convocatoria, seleccionar el procedimiento, aprobar el pliego y dejar sin efecto la licitación.
La documentación oficial identifica a ambos entre las autoridades habilitadas para intervenir en esas decisiones. No demuestra, por sí sola, que hayan autorizado personalmente la compra ni que hayan favorecido a un proveedor determinado.
Sosa es cuñado de Belén Agudiez y pareja de Analía Agudiez, hermana de la exsubsecretaria, a quien Pagano identificó como responsable de la cocina de Olivos.
El vínculo con actividades gastronómicas privadas surge de otra documentación difundida por la legisladora: una póliza de accidentes personales contratada el 1 de marzo de 2024 por Analía Agudiez.
El seguro identifica a Sosa como personal de catering y menciona entre sus beneficiarios a Mara Gorini, Marcelo Dionisio y Foggia Group.
Pagano sostiene que Analía Agudiez también desarrollaba actividades privadas mediante un emprendimiento denominado Pancitos Caseros, dedicado a prestar servicios gastronómicos.
La coincidencia entre funcionarios públicos y actividades comerciales constituye uno de los elementos sobre los que la diputada construyó su denuncia. La existencia de esos vínculos no permite concluir que los alimentos comprados por el Estado hayan sido desviados hacia el negocio particular.
Una renuncia y una ampliación judicial
En medio de la controversia, el Gobierno oficializó el lunes la salida de María Belén Agudiez.
El Decreto 1055/2026 aceptó su renuncia con efecto desde el 20 de septiembre, aunque no precisó los motivos. Ante consultas de La Nación, fuentes oficiales atribuyeron la decisión a razones personales.
La diputada relacionó esa desvinculación con el desplazamiento previo de Sosa y la reorganización de la Quinta. Según su interpretación, los cambios habrían permitido apartar a quienes conocían el funcionamiento de las contrataciones.
El Gobierno, por su parte, sostuvo que la nueva conducción necesitaba designar a su propio equipo y justificó las modificaciones por cuestiones de seguridad y organización interna.
En su ampliación, Pagano también pidió medidas destinadas a preservar documentación administrativa. Entre ellas, correos electrónicos, remitos de entrega y registros contables que permitan determinar el destino de los productos y los pagos realizados a los proveedores.
Asimismo, solicitó información tributaria a ARCA sobre las operaciones comerciales de Pancitos Caseros.
El objetivo de esas medidas es establecer si existió alguna relación entre los insumos adquiridos para dependencias presidenciales y los servicios privados que, según la denuncia, desarrollaban personas vinculadas con la administración.
Por ahora, la existencia de una contratación pública, los vínculos familiares y la reorganización de Olivos son elementos diferenciados. La eventual conexión entre ellos mediante un desvío de mercadería, el favorecimiento de empresas o un encubrimiento permanece como una hipótesis que requiere pruebas.
Con la incorporación de Ibáñez a las acusaciones públicas, la controversia dejó de concentrarse exclusivamente en los funcionarios desplazados y alcanzó también a la estructura que asumió nuevas responsabilidades sobre la residencia presidencial.