El Decreto 1055/2026, publicado en el Boletín Oficial, formalizó la salida de la subsecretaria de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia. La dimisión se produce después de una reestructuración que incluyó 12 despidos y el traspaso del control de la residencia presidencial a la Casa Militar.
El Gobierno nacional oficializó este lunes la renuncia de María Belén Agudiez como subsecretaria de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia mediante el Decreto 1055/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. La medida tiene vigencia desde el 20 de septiembre y el decreto no explicita los motivos de la salida; solo agradece los servicios prestados.
Agudiez integraba el equipo de confianza de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y desde su cargo tenía responsabilidad sobre distintas dependencias presidenciales, entre ellas áreas vinculadas con el funcionamiento de la Quinta de Olivos.
La renuncia se conoce días después de una reorganización en la residencia presidencial que incluyó 12 despidos, traslados de personal, la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial y el traspaso de su seguridad y administración a la Casa Militar. Fuentes oficiales vincularon esas medidas con presuntas filtraciones sobre las actividades privadas del presidente y con riesgos para el manejo de información sensible.
El operativo derivó en 12 despidos confirmados oficialmente, además de reubicaciones dentro de otras dependencias estatales. Entre los afectados hubo personal administrativo, de cocina y jardinería, entre otras funciones. Durante las primeras horas de la reestructuración, algunos empleados no pudieron ingresar a la residencia.
Desde ATE cuestionaron las cesantías y rechazaron que trabajadores de esas áreas pudieran estar relacionados con tareas de espionaje o con filtraciones de información presidencial. El sindicato sostuvo que varios de los empleados afectados acumulaban años de antigüedad y habían trabajado durante diferentes administraciones nacionales. El Gobierno, por su parte, afirmó que la reorganización respondía a necesidades de seguridad.
Uno de los cambios más profundos fue la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos, organismo que tenía entre sus funciones organizar las actividades internas, controlar el estado de los sectores destinados al Presidente y administrar servicios y recursos del predio. Al frente de esa estructura estaba Osvaldo Javier Sosa, quien también fue desplazado. Sosa es cuñado de Belén Agudiez y había sido prorrogado este año en el cargo de administrador general de la residencia.
Con el nuevo esquema, la Casa Militar asumirá la responsabilidad integral de la seguridad de la Quinta de Olivos y de las residencias transitorias utilizadas por Milei y su familia. El organismo está encabezado por el general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, designado jefe de la Casa Militar en abril de 2024 y posteriormente ascendido a general de brigada.
La Casa Militar ya tenía competencias vinculadas con la protección presidencial y con las normas de acceso a la Casa Rosada, Olivos y Chapadmalal. A partir de esta reestructuración concentrará además responsabilidades que hasta ahora estaban distribuidas entre distintas estructuras civiles. El proceso de transferencia de responsabilidades, bienes y funciones deberá completarse dentro de un plazo máximo de 60 días. Los servicios cotidianos, como cocina, limpieza y mantenimiento, seguirán siendo realizados por personal civil, aunque bajo un esquema de supervisión diferente.
Aunque fuentes gubernamentales relacionaron los despidos con posibles filtraciones, la explicación pública difundida por la Casa Rosada puso el foco en otro argumento. El Ejecutivo sostuvo que la transferencia del control a la Casa Militar apunta a «elevar los estándares de eficiencia y seguridad» del Presidente y de su entorno ante un escenario internacional de mayores riesgos. También mencionó específicamente los preparativos para la próxima visita del papa León XIV a la Argentina.
La llegada del pontífice requerirá obras, tareas de acondicionamiento y el ingreso a la Quinta de un volumen importante de trabajadores y proveedores externos. Ese movimiento, según la explicación oficial, exige reforzar los sistemas de control de acceso y protección. La versión difundida institucionalmente evitó mencionar las supuestas filtraciones. Ese argumento apareció, en cambio, en explicaciones reservadas de funcionarios nacionales a distintos medios.