La norma, sancionada en febrero y vigente desde el 5 de septiembre, establece un régimen penal para adolescentes de 14 y 15 años. Una jueza bonaerense otorgó un habeas corpus preventivo colectivo para suspender su aplicación por 60 días al considerar que no existen las condiciones materiales para su cumplimiento.
La ley N° 27.801, que establece un nuevo régimen penal juvenil, entró en vigencia el 5 de septiembre. La norma fue sancionada en febrero de este año en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo. El proyecto fue girado a cuatro comisiones en la Cámara de Diputados: Legislación Penal, Justicia, Presupuesto y Hacienda y Familia, Niñez y Juventudes.
La legislación dispone que los adolescentes de 14 y 15 años imputados por un hecho punible sean alojados en institutos de menores o en pabellones especiales de servicios penitenciarios comunes, según lo establecido por la ley de fondo.
El 5 de septiembre, la jueza bonaerense Marta Pascual hizo lugar a un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación de Familia Grande Hogar de Cristo, una organización social vinculada a la Iglesia Católica. La resolución suspende la aplicación del nuevo régimen por 60 días. La magistrada argumentó que la provincia de Buenos Aires no cuenta con la infraestructura adecuada ni los recursos necesarios para recibir adolescentes detenidos sin vulnerar sus derechos fundamentales.
En el ámbito provincial, Córdoba adecuó su normativa procesal a los tres días de la entrada en vigencia de la ley. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Mendoza lo hicieron con anterioridad. Otras jurisdicciones no han completado la adecuación de sus códigos procesales.
La norma fue aprobada junto con el proyecto de reforma laboral, que ocupó gran parte del debate público durante las sesiones extraordinarias.
La autora de la nota original, diputada nacional mandato cumplido, sostuvo que la ley se sancionó sin prever las condiciones materiales para su ejecución y que las provincias no realizaron las inversiones necesarias en infraestructura edilicia, recursos humanos especializados ni creación de nuevos juzgados juveniles.