La Fiscalía Federal N°1 de San Isidro solicitó la elevación a juicio de siete personas por extorsión y de dos de ellas por instigación al suicidio del soldado Rodrigo Gómez, ocurrido en diciembre pasado en la Quinta Presidencial de Olivos.
El fiscal federal Federico Iuspa, a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de San Isidro, requirió la elevación a juicio parcial de la investigación contra siete personas acusadas de liderar o integrar una asociación ilícita dedicada a extorsionar a hombres contactados a través de aplicaciones de citas. Además, solicitó que los dos presuntos líderes de la organización sean juzgados por instigación al suicidio del soldado Rodrigo Gómez, ocurrido en diciembre pasado en la Quinta Presidencial de Olivos.
Según el requerimiento presentado ante la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, la organización operó entre el 14 de diciembre de 2025 y el 9 de febrero de este año. En esta etapa se le atribuyen tres hechos de extorsión, mientras otros episodios continúan bajo investigación.
La acusación señala que T.M.F., de 23 años, y M.J.D.A., de 25, lideraban la organización desde la Unidad N°36 de Magdalena del Servicio Penitenciario Bonaerense. También integraban la estructura K.M.S.P., de 28 años, y sus parejas I.A.C., de 23 años, K.Y.C., de 25, E.Y.T., de 36, y C.A.M., de 24 años. La fiscalía sostiene que las mujeres cumplían funciones logísticas, facilitando cuentas de billeteras virtuales y chips telefónicos.
La investigación se inició el 16 de diciembre pasado tras el hallazgo del cuerpo sin vida del soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, en una garita de la residencia presidencial de Olivos. Gómez se quitó la vida con su arma reglamentaria y dejó una carta explicando los motivos.
La pesquisa estableció que el grupo creaba perfiles falsos de mujeres en aplicaciones de citas, como Evermatch, para contactar víctimas y luego trasladar la conversación a WhatsApp. Luego, una persona que se presentaba como la madre de la supuesta joven afirmaba que era menor de edad y amenazaba con una denuncia penal. Posteriormente, otra persona se hacía pasar por un efectivo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y exigía transferencias de dinero.
Se estableció que la organización participó de tres hechos concretos. El primero tuvo como víctima al soldado Gómez, quien el 15 de diciembre transfirió 1.413.000 pesos a dos cuentas de Mercado Pago. El segundo ocurrió el 26 de diciembre, cuando otro hombre transfirió 15.000 pesos. Entre el 22 y el 28 de diciembre, una tercera víctima depositó 116.000 pesos.
El 9 de febrero se realizaron siete allanamientos: tres en unidades penitenciarias y cuatro en domicilios del conurbano bonaerense, donde fueron detenidas las cuatro mujeres. La defensa de tres imputadas solicitó excarcelaciones, a lo que el fiscal se opuso. La jueza rechazó el pedido y mantuvo las medidas de coerción.
El fiscal Iuspa solicitó que T.M.F. y M.J.D.A. sean juzgados por asociación ilícita agravada, como jefes, coautores de tres extorsiones e instigación al suicidio de Gómez, delito previsto en el artículo 83 del Código Penal con pena de 1 a 4 años de prisión. Para los otros cinco acusados, requirió juicio como miembros de asociación ilícita agravada y coautores de las tres extorsiones.
Iuspa señaló que los acusados mantenían “una relación estable y organizada con fines delictivos” y que “la circunstancia de que parte de la operatoria se hubiera desplegado desde un establecimiento carcelario, sumado a la utilización de la identidad de un funcionario policial real y al desenlace fatal de una de las víctimas, robustece el grado de estructuración y la peligrosidad de la organización”.