La Cámara de Diputados de Santa Fe avanzó con el proyecto que adhiere a la normativa nacional sancionada en 2014. La iniciativa, que busca jerarquizar la profesión, generó posturas divididas entre legisladores del norte provincial.
Con 32 votos positivos y 14 de rechazo, la Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó este jueves un proyecto de ley que adhiere a la Ley Nacional N° 27.072 de Trabajo Social, sancionada en diciembre de 2014. La iniciativa, impulsada por el diputado socialista Rubén Galassi, fue acompañada por las firmas de José Corral (UCR), Alejandra Rodenas (PJ), Celia Arena (PJ), Varinia Drisun (PS) y Carlos Del Frade (FAS).
El proyecto modifica dos artículos (4 y 6) y deroga otros dos (3 y 9) de la Ley provincial N° 7754, vigente desde enero de 1976. La nueva redacción del artículo 6 establece que “el ejercicio independiente de la profesión estará también sujeto a las normas de inscripción en el Registro de Profesionales y contralor del ejercicio de la profesión que habrán de efectuar los Colegios de Profesionales del Trabajo Social, con su correspondiente, Tribunal de Ética Profesional”.
Galassi argumentó que “el proyecto procura adecuar el marco normativo que regula el ejercicio profesional de trabajadores sociales en la provincia de Santa Fe, tomando como referencia lo dispuesto por la Ley Federal de Trabajo Social sancionada en el año 2014. Desde entonces, la mayoría de las provincias argentinas han avanzado en procesos de adhesión o adecuación normativa, mientras que en Santa Fe continúa vigente la Ley No 7754, sancionada a fines de 1975”.
La ley nacional establece incumbencias profesionales para los trabajadores sociales en todo el territorio nacional, promueve la jerarquización de la profesión y regula derechos, obligaciones y prohibiciones. En Santa Fe, las carreras de Licenciatura en Trabajo Social se dictan en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Además, existen dos institutos terciarios: el Instituto Superior Particular Incorporado N.º 9191 “Juan XXIII” de Reconquista y el Instituto Superior Particular Incorporado N. 9145 “Católico de Enseñanza Superior” de Venado Tuerto, que expiden títulos de asistente social.
Legisladores del norte provincial expresaron su rechazo al proyecto. El diputado Dionisio Scarpin (UCR) sostuvo que “la jerarquización no puede ser a costa de otros, dejando de lado a los jóvenes del interior”. Emiliano Peralta (Somos Vida) agregó que “no hay motivos para que la gente del interior quede afuera”. También votaron en contra Amalia Granata (Somos Vida), Omar Paredes (Unidad por Santa Fe) y Ariel Bermúdez (Creo).
Desde el Frente Amplio por la Soberanía (FAS), Claudia Balagué señaló que “necesitamos cada vez más trabajadores sociales para liderar equipos multidisciplinarios”. Celia Arena (PJ) indicó que 18 provincias ya adhirieron a la norma nacional y aseguró que la norma prevé la situación de aquellos que no tienen el título universitario.
El proyecto establece un régimen transitorio para quienes posean títulos académicos que no reúnan las condiciones de la Ley Nacional 27.072 y hayan sido expedidos antes de la entrada en vigor de esta ley. Esos profesionales conservarán su habilitación si acreditan haberse matriculado en alguno de los Colegios creados por la Ley 7754 antes de la vigencia de la nueva norma.
Según datos oficiales, en la UNR cursan la carrera 674 estudiantes, de los cuales 139 comenzaron en el período actual; en la UNL son 2.522 alumnos, 272 de ellos ingresantes en 2024. La iniciativa fue girada en revisión al Senado provincial.