La Oficina Municipal de Derechos Ciudadanos, Consumidores y Usuarios de Rosario manifestó su preocupación por las iniciativas que plantean eliminar o reducir los beneficios del Régimen de Zona Fría.
La Oficina Municipal de Derechos Ciudadanos, Consumidores y Usuarios de Rosario emitió un comunicado en el que expresó su preocupación ante las iniciativas que proponen la eliminación o reducción de los beneficios contemplados en el Régimen de Zona Fría.
Según el texto difundido, el régimen vigente permitió amortiguar el impacto de los aumentos tarifarios sobre miles de hogares y constituye un alivio concreto para familias que destinan una parte creciente de sus ingresos al pago de servicios esenciales.
La Oficina sostuvo que las políticas públicas deben contemplar las realidades territoriales y sociales del país, y que el acceso a la energía no puede analizarse únicamente desde una perspectiva fiscal, sino también desde su impacto en la vida cotidiana de las personas. Señaló que, para muchos hogares de sectores medios, jubilados y familias con ingresos ajustados, el servicio de gas es una necesidad básica.
En Rosario, indicó la Oficina, se observan diariamente consultas vinculadas a dificultades para afrontar tarifas, refinanciaciones, endeudamiento y situaciones de vulnerabilidad económica que se profundizan cuando aumentan los costos de los servicios públicos.
Por ello, consideró que cualquier modificación al régimen vigente debe realizarse con criterios de gradualidad, razonabilidad y protección efectiva de los usuarios, evaluando el impacto sobre millones de argentinos. Agregó que defender mecanismos que atenden el peso de las tarifas no implica desconocer la necesidad de discutir la sustentabilidad de los sistemas de subsidios, sino reconocer que las políticas públicas deben encontrar un equilibrio entre responsabilidad fiscal y protección de derechos esenciales.
La Oficina afirmó que continuará acompañando, asesorando y defendiendo a los usuarios y consumidores, promoviendo decisiones que contemplen la realidad concreta de las familias y garanticen condiciones de acceso razonables a los servicios públicos esenciales.