El Poder Ejecutivo Nacional remitió al Senado una iniciativa que propone eliminar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, argumentando limitaciones técnicas, operativas y económicas.
El Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley para derogar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable N° 27.642, conocida como Ley de Etiquetado Frontal. La iniciativa ingresó este sábado al Senado con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones.
El texto oficial sostiene que la aplicación de la normativa vigente, basada en los parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), evidenció «limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas» que justifican su eliminación total.
Puntos principales del proyecto
Derogación total: El proyecto establece la derogación completa de la Ley N° 27.642, que entraría en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial. Esto incluye la eliminación de los octógonos negros de advertencia y las restricciones sobre publicidad, entornos escolares y uso de personajes infantiles en los envases.
Críticas al sistema «binario»: El Gobierno señaló que el modelo de perfil de nutrientes aplica parámetros homogéneos sobre matrices alimentarias diferentes, sin considerar porciones reales ni densidad nutricional. Según el Ejecutivo, esto genera situaciones donde alimentos tradicionales y saludables reciben advertencias equivalentes a las de productos ultraprocesados, lo que provoca «interpretaciones simplificadas o poco precisas» y confusión en el consumidor.
Falta de incentivos para la industria: La Casa Rosada argumentó que la estructura binaria del sistema (contiene o no contiene la advertencia) no premia los esfuerzos de las empresas por realizar mejoras parciales en la composición nutricional de sus productos.
Asimetrías en el Mercosur y perjuicios a PyMEs: El mensaje al Parlamento advirtió que la falta de armonización regional en el rotulado frontal genera trabas operativas dentro del Mercosur, obligando a fabricar envases diferenciados. Esto afecta especialmente a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), que enfrentan costos fijos de cumplimiento proporcionalmente más elevados.
Rigidez normativa: Se cuestionó que numerosos aspectos metodológicos y técnicos fueron incluidos en el cuerpo de la ley, lo que impide adaptarse ágilmente a nuevos consensos científicos o actualizaciones de las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA).
Garantía de la información tradicional: El Ejecutivo aclaró que la medida no elimina las obligaciones de información nutricional de los alimentos envasados. La declaración de valor energético, azúcares, grasas y sodio continuará vigente bajo el Código Alimentario Argentino y el sistema armonizado del Mercosur (Resoluciones GMC N° 44/03 y 46/03), complementado por las leyes de lealtad comercial y defensa del consumidor.
Con este envío, el Gobierno solicitó al Congreso el «pronto tratamiento y sanción» de la norma para avanzar hacia un esquema que califica como «técnicamente más consistente, uniforme y adaptable».