El país centroamericano procesa colectivamente a miembros de la Mara Salvatrucha por más de 47.000 delitos, en el marco del régimen de excepción impulsado por el presidente Nayib Bukele.
El Salvador lleva a cabo un segundo juicio masivo contra integrantes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), incluyendo a varios de sus cabecillas históricos, por su presunta responsabilidad en más de 47.000 delitos cometidos en el país. El proceso se desarrolla en el Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, con los acusados participando de forma virtual desde el Centro de Confinamiento Contra el Terrorismo (Cecot).
Los pandilleros, vestidos con pantalones cortos y camisa blanca, rapados y con grilletes, escuchan en silencio los testimonios que los vinculan con homicidios, femicidios, extorsiones, tráfico de armas y desapariciones. Entre los señalados como cabecillas —más de veinte— se les atribuyen más de 9.043 delitos, incluido el asesinato de 80 policías.
El fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, indicó que se busca responsabilizar a los jefes de las pandillas por todos los hechos delictivos cometidos entre 2012 y marzo de 2022, incluidos los 86 asesinatos que motivaron la implementación del régimen de excepción. Entre los cabecillas procesados están Dionisio Arístides Umanzor Osorio, alias El Sirra de Teclas; Borromeo Henríquez Solorzano, alias Diablito de Hollywood; Carlos Tiberio Ramírez Valladares, alias Snayder, y César Antonio López Larios, alias Greñas.
Este es el segundo juicio masivo de este tipo; el primero, en marzo de 2025, resultó en la condena de 52 miembros de la pandilla Barrio 18. En noviembre de 2024, otro tribunal declaró culpables a 45 pandilleros del mismo grupo e impuso una condena de 397 años de prisión a uno de sus cabecillas.
Desde la entrada en vigor del régimen de excepción en marzo de 2022, las autoridades han capturado a 91.300 personas acusadas de pertenecer a pandillas. El presidente Bukele afirmó que 8.000 personas inocentes fueron liberadas. Organizaciones de derechos humanos reportan más de 6.000 denuncias de víctimas bajo el régimen y documentan la muerte de al menos 488 personas bajo custodia.