Por Candela Ramírez
«¿Cómo le cuento esto a mis compañeros?», fue una de las primeras preguntas que se hizo Juliana Vaca Ruiz. Tiene 29 años, está por terminar la carrera de Derecho, trabaja en un estudio jurídico, juega al fútbol en su tiempo libre. Sus papás son de Rosario pero ella nació y creció en Puerto San Julián, en Santa Cruz. Volvió a su matriz familiar cuando en 2014 empezó la universidad en Rosario. En esos primeros años de estudiante conoció la política, se sumó a las filas de una de las organizaciones de su facultad, empezó a ir a marchas —en defensa de la educación pública, contra los femicidios, por la memoria— y fue entonces de a poco, como tirando de un hilo que se expande cada vez más, que se chocó con una verdad como una tromba: entendió que sus abuelos -materno y paterno- fueron parte del aparato represivo que padeció el país durante la última dictadura militar.
El proceso fue doloroso. «En ese momento, por supuesto, sentí una vergüenza terrible. Es la que sentimos muchos de nosotros al principio, una vergüenza de sentir una carga”, narró Juliana en diálogo con El Ciudadano.
Siempre supo que sus abuelos habían sido militares —de niña hasta jugaba con sus uniformes— para ella eso representaba cierto orgullo y además ellos cumplían los rasgos universales de los abuelos: gente cariñosa, presente, dulce. Su develación —entender en qué etapa del país sus abuelos cumplían tareas en el Ejército— coincidió con la incipiente conformación argentina e inédita en el mundo: el colectivo Historias Desobedientes, que reúne a familiares de genocidas que repudian públicamente los crímenes que cometieron sus parientes.
Su papá, Javier Vaca, forma parte del colectivo desde el principio. En 2017 hubo dos grandes movilizaciones entre las que nació Historias Desobedientes: el 10 de mayo la movilización contra el fallo 2×1 de la Corte Suprema —que podía dejar en libertad a muchos en libertad—y la de Ni Una Menos el 3 de junio, contra los femicidios y en plena ola feminista. En el medio, una nota publicada en Anfibia: “Marché contra mi padre genocida”, que contaba la historia de Mariana D., hija de Miguel Etchecolatz, represor que integró la Policía de Buenos Aires y hasta su fallecimiento en 2022 acumulaba siete condenas perpetuas. Esa nota provocó un aluvión de mensajes de personas que estaban en la misma situación: hijos, sobrinos, nietos, hermanos, de algunas de las miles de personas —sobre todo, de militares y policías— que participaron del genocidio en Argentina.
Juliana se sumó y milita de forma activa desde 2019. Sus abuelos paternos y maternos se instalaron en Rosario entre las décadas del sesenta y setenta. Omar Jesús Vaca fue suboficial del Ejército, integrante del Destacamento de Inteligencia del ex Batallón 121 en Rosario, entre 1970 y 1978. Falleció apenas unos meses antes de que en 2006 se reanudaran en Argentina los juicios que investigan estos crímenes. Juan Carlos Ruiz también perteneció al Ejército, en Centros Fijos de Comunicaciones. Se retiró como suboficial.
Ninguno de los dos fue procesado en juicios de lesa humanidad ni tampoco, hasta ahora, han sido nombrados por víctimas pero Vaca sí fue nombrado por un represor que ahora está prófugo y, a partir de la insistente lectura y relectura del legajo que hizo Juliana de su abuelo Omar Vaca, señaló: “Todas las personas que eran sus superiores fueron juzgados y condenados. Todas las personas que lo calificaban como un excelente militar eran Guerrieri, el mismísimo Galtieri, Possi, Fariña, todos tipos que estuvieron super condenados y juzgados y presos. Ellos eran sus superiores. Lo calificaban con ‘muy bien’, ‘diez’ todo el tiempo”.
Lo cierto es que en Argentina ya hay más de 330 sentencias que probaron que entre 1976 y 1983 las fuerzas armadas cometieron un genocidio contra la población. Es difícil que quienes hayan participado y avanzado en jerarquía en los distintos estamentos militares no hayan tenido una implicancia directa o indirecta en los crímenes, de hecho los superiores buscaban que todos tengan aunque sea mínima colaboración y así lograron sostener en el tiempo el brutal pacto de silencio entre represores: la mayoría no confiesa qué hicieron ni qué información tienen ni qué vieron ni dónde están los desaparecidos ni a quién le dieron los bebés apropiados.
Sin embargo, en Rosario hubo dos represores que rompieron ese pacto. Uno es Eduardo “Tucu” Constanzo, quien revela información desde que empezó a dar notas periodísticas en los noventa y luego también declaró en este sentido en las causas de lesa humanidad. El otro es Gustavo Francisco Bueno, uno de los 33 prófugos de la Justicia por este tipo de delitos hasta diciembre de 2024.
Este medio, junto a Perycia, publicó una investigación sobre Bueno en diciembre de 2023: ahí se pueden leer algunas de las declaraciones que hizo ante el CELS en 1986, informe que fue incluido en varias causas de lesa humanidad que instruidas en el Tribunal Oral Federal de Rosario.
Ante el CELS incriminó a todos sus colegas —desde 2006 la mayoría de ellos condenados a perpetua— y en las primeras respuestas que da en ese cuestionario del organismo nombra a Omar Vaca. Habla de un operativo en 1975, donde secuestraron a “Brandazza, alias Pajarito”, a quien refiere como un ”dirigente estudiantil o estudiante”, lo llevaron a Dorrego entre Córdoba y Rioja: “El que conoce toda la historia es el sargento, bueno ahora es suboficial principal Vaca, es un hombre gordo y presta actualmente servicios en el destacamento de inteligencia 121 Rosario”.
“Desaparecer y asesinar a personas que militaban como yo”
Historias Desobedientes se convirtió en un organismo internacional. Tiene filiales en Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay y próximamente en España. Es un tipo de agrupamiento que no tiene precedentes en el mundo: familiares de genocidas que repudian sus crímenes.
“Yo militaba por los derechos humanos, iba a las marchas, realizaba actividades en la facultad y a la vez me informaba sobre todo lo que había pasado, cómo había sido el plan Cóndor, cómo, quiénes y por qué lo habían planificado, cómo había sido la persecución hacia personas militantes como yo. Y ahí, también a través de un espacio terapéutico cuando fui hacia atrás en cómo era mi familia, me di cuenta que mis abuelos habían pertenecido a una institución genocida. Una institución que había sido la encargada de justamente perseguir y desaparecer y asesinar a personas que militaban como yo. Fue durísimo. Fue durísimo”.
Ella empezó a militar en 2019, menos de un año después empezaba la pandemia por coronavirus y se impuso en todos los ámbitos la necesidad de lo virtual para sostener los encuentros. Esto permitió mayor cercanía entre personas del colectivo de todo el país y también de otros países. “Eran personas que estaban pasando exactamente por lo mismo que yo. Las primeras reuniones de Historias Desobedientes era llorar a moco tendido todos, todas y todes. Vimos las similitudes en nuestras crianzas, en las vivencias de la familia militar, en los lugares por los que habíamos pasado”, describió.
Su abuelo paterno, Vaca, falleció cuando ella era chica, tenía alrededor de 8 años y hasta ese momento sólo lo veía en las vacaciones (ella vivía en el sur, él en Rosario). Pero en su familia quedó una suerte de impronta de respeto y amor, algo que también le llegó a ella.
“Y con mi abuela paterna tenía la mejor relación del planeta y estaba muy presente en mi vida y yo en la de ella. Ella era lo que podríamos decir una compañera a pesar de haber sido la esposa de un militar. Ella, ya vieja y yo grande, decía que no estaba del todo de acuerdo con el accionar de los militares. Los últimos años decía que amaba a Cristina y que votaba al peronismo. Como que estaba embebida de eso y a mí me transmitía eso. Si era verdad o no, no lo sé. Lo cierto es que como toda familia de la época era súper patriarcal y la palabra de mi abuelo y las órdenes que él daba, además por ser militar y tener una impronta importante, no sé si era cuestionado. Con mi papá sí sabemos que ella estaba a merced de su marido en términos de que hacía lo que él le decía”, recordó.
En este sentido, contó que su abuela “por ejemplo, trabajó en fábricas durante la época de la dictadura” y remató: “Sabemos que podría muy factiblemente haber sido informante de mi abuelo, que trabajaba en inteligencia”.
“Esta influencia patriarcal del pater sobre ella y de su esposo que aún muerto hacía mucho tiempo, ella nunca dijo algo demasiado jugoso en términos de información que pueda comprometerlo demasiado. Se calló. Siguió el mandato de silencio hasta su muerte. Para mí sabía muchísimas cosas y no dijo nada”, opinó.
Son terrenos muy escabrosos aunque ella y su padre lo intentan. Replican una forma que es una tradición en los organismos de derechos humanos en Argentina: se trata de crímenes que empezaron a ocurrir hace cincuenta años, por lo que hay mucho trabajo artesanal: conversaciones con otros para cruzar información y completar datos, lectura de legajos y de declaraciones en las causas de lesa humanidad, lectura de recortes periodísticos de otras épocas.
“Nosotros cada hilito que podemos tirar para saber dónde estuvieron puntualmente lo buscamos muy fervientemente pero más que colocarlos temporalmente en ciertos lugares no tenemos. Si ese familiar no ha sido investigado judicialmente, lo que nosotros podemos reconstruir es un mundo de incertezas. Solamente podemos ubicar a nuestro familiar temporalmente en ciertos lugares y siempre nos queda la incertidumbre en los detalles, pero unas certezas muy concretas de su necesaria implicancia. Ellos tenían un compromiso institucional e ideológico con el terrorismo de Estado”.
Hace unas semanas, participó junto a su papá en una actividad en la Quinta de Funes (donde funcionó un centro clandestino). Ahí cruzaron información con Ramón “Gato” Verón, sobreviviente del genocidio y actual director provincial de Memoria Democrática. Javier, su papá, recuerda lugares donde lo llevaba su padre a jugar, por ejemplo la Fábrica de Armas Domingo Matheu. Ese fue uno de los lugares donde Verón estuvo secuestrado: “Él (Verón) contó que cuando declaran ante la Justicia han contado que los milicos llevaban a sus hijos a los centros clandestinos de detención. No les creían. Y mi viejo en ese conversatorio en la Quinta contó que su papá lo llevaba. Otra vez, a través de los relatos de ambos construyen una gran verdad que es que los milicos llevaban a sus hijos a esos lugares, a comer asado y a jugar fútbol en la época donde había personas detenidas”.
Llamado a la desobediencia y contexto
“Para mí, empezar a militar en este espacio significó encontrar un lugar muy importante de pertenencia y para muches también. Vamos construyendo nuestros basamentos, fundamentos, nuestras propias luchas. Sentimos que podíamos contribuir a construir una historia o a las verdades de esa época que todavía siguen teniendo que ser descubiertas. Sentíamos que era una voz que quizás faltaba. Yo siento una vergüenza, siento un dolor pero hay algo más importante que mi situación personal y es que si yo hablo estoy contribuyendo a algo más importante”, explicó.
Juliana planteó que hacen “un llamado a la desobediencia”: “Para nosotros es muy importante seguir encontrando más personas como nosotros, entendemos que romper el pacto de silencio es lo principal para un desobediente. Que para atravesar lo complicado estamos acá para apoyarnos, pero es importante que se haga, que ellos (los represores) no cuenten más con el silencio de sus propios familiares porque es muy grave lo que pasó y estamos en condiciones de decir que en el contexto en el que estamos puede volver a pasar. No sé si necesitan de una dictadura militar para poder hacer lo que hicieron en esa época. Está claro que por los medios institucionales también lo pueden hacer. Patricia Bullrich es un ejemplo de eso”.
La activista enumeró los rasgos de este gobierno y del poder judicial que la inquietan. “Creemos muy fuertemente que el gobierno actual reivindica perseguir zurdos, reivindica usar las fuerzas armadas de seguridad para perseguir zurdos. Lo vemos en la última reforma del estatuto de la Policía Federal, es decir pueden revisar hasta tu Instagram y evaluar si merecés ser investigado y hasta procesado”.
Además, entiende que el ejecutivo logró “un consenso en el entramado social” donde hay miles de argentinos que “creen que está bien, que hay que perseguir zurdaje, que al peronismo hay que prescribirlo, que hay que disciplinarlo para mantenerlo desarticulado y fuera de la lucha, que es lo que también buscaron en la dictadura: desarticular cualquier posibilidad de organización popular”.
“Hay aparatos de inteligencia dispuestos específicamente para desarticular la organización y cualquier lucha que tenga que ver con derechos para las personas, ya sea para los jubilados, para los estudiantes, para los docentes, para los médicos, para las personas que defienden el medio ambiente. Está todo dispuesto para la explotación de la gente y de los recursos naturales”, sostuvo.
Para cerrar, Juliana insistió con la importancia de romper el silencio: “¿qué clase de familia o de constructo familiar quiero mantener? ¿para qué? ¿a quién estoy favoreciendo no cuestionando a esta familia que me pide silencio, un silencio que perpetúa la impunidad, que garantiza esa impunidad para mantener la familia unita? No. No es casual que Historias Desobedientes haya nacido en el auge de la última ola feminista: romper el silencio, cuestionar al familiar abusador, golpeador, violento, por más de que eso implique romper con la familia. Eso es lo que a nosotros nos permitió decir, ‘Rompo este silencio’». Porque yo me estoy callando algo que es terrible. En mi caso con una persona que está muerta, pero en muchos de los casos favorece a un tipo que hoy está condenado y preso. Que se ha probado que es culpable de crímenes de lesa humanidad”.