El viernes finalizó en los Tribunales Federales de Rosario la audiencia imputativa iniciada el 4 de noviembre contra el docente e integrante de la Asamblea de Acción por Palestina, Mariano Soria, acusado de presunta violación a la ley antidiscriminación. La causa se originó por una denuncia del empresario Gustavo Tenenbaum.
En los Tribunales Federales de bulevar Oroño al 900 culminó este viernes la audiencia imputativa iniciada el pasado 4 de noviembre contra el docente e integrante de la Asamblea de Acción por Palestina de Rosario, Mariano Soria, acusado de presunta violación a la ley antidiscriminación (ley 23.592).
Soria es historiador, docente de nivel provincial y de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), delegado sindical de Amsafé y dirigente de Izquierda Socialista.
La causa se inició por una denuncia del empresario Gustavo Tenenbaum, que integra la Unión Sionista Argentina de Rosario y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia). Lo acusó de liderar manifestaciones frente a su local de la peatonal Córdoba en rechazo a una supuesta colaboración comercial con una marca vinculada a soldados israelíes.
A partir de esa presentación, la fiscal federal de Rosario Federica Tiscornia impulsó una investigación que derivó en procedimientos sobre domicilios vinculados a Mariano Soria. Durante los allanamientos, efectivos de la Policía Federal secuestraron cuatro libros de historia, una antigua pistola calibre .22 perteneciente a la familia del investigado, un teléfono celular, una notebook, una computadora y un pendrive.
Soria rechazó las acusaciones de antisemitismo. Afirmó que sus cuestionamientos están dirigidos a la política del Estado de Israel, no a los israelíes en general ni a los judíos en particular. «No soy antisemita ni nada por el estilo, sólo no estoy de acuerdo con el genocidio que está llevando a cabo el Estado de Israel contra el pueblo de Palestina. Es más, no tengo ningún problema con ninguna persona que profese la religión judía ni sea de ascendencia israelí», declaró.
El proceso judicial incluyó procedimientos como el ejecutado el 30 de septiembre pasado, a cargo de la Policía Federal y con la intervención de la unidad antiterrorista. Allanaron el domicilio del docente y el de su compañera y secuestraron computadora, celular y libros sobre Palestina.
«Soy un docente que no está de acuerdo con el genocidio en Gaza. En septiembre pasado una empresa de Rosario financió un video en el que se apoyaba a la incursión del ejército israelí en la franja de Gaza. Nosotros desde la Asamblea de Acción por Palestina no estuvimos de acuerdo con el video y convocamos a un acto de repudio a la esquina de Corrientes y Córdoba, donde está instalada la empresa. Nunca hicimos nada que atente contra la condición del titular de la empresa ni contra la colectividad judía en Rosario ni contra las instalaciones de la firma», dijo Soria sobre las actividades por las cuales lo denunciaron.
Organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales y políticas denunciaron que se trata de una «persecución judicial» por el activismo del docente en defensa de Palestina y exigen la anulación de la causa y su absolución.
El juez que lleva adelante el proceso es Eduardo Rodríguez Da Cruz.