Este miércoles se realizarán reuniones conjuntas de comisiones para avanzar en los dictámenes sobre las plataformas de transporte y la adhesión a la ley provincial que prohíbe el cuidado de autos en la vía pública.
El Concejo Municipal de Rosario tratará este miércoles dos temas: la habilitación de plataformas de transporte como Uber y Didi, y la prohibición de la actividad de cuidacoches. Ambos serán abordados en reuniones conjuntas de comisiones para elaborar los dictámenes que permitan su tratamiento en el recinto.
Plataformas de transporte
La reunión conjunta de las comisiones de Servicios Públicos y Gobierno se realizará a las 11 en el Salón de los Acuerdos del Palacio Vasallo. La presidenta de Servicios Públicos, Anahí Schibelbein, confirmó el encuentro y anticipó que el interbloque Unidos presentará cambios en la redacción del proyecto.
«Una de las últimas solicitudes que hicieron los taxistas es que dentro de las opciones que ofrecen Uber y Didi se incluya la opción taxis. Considero que es muy factible, y luego veremos lo de la tarifa mínima. Lo que no es una posibilidad para nosotros es lo de legalizar los viajes por App en motos», declaró Schibelbein a La Capital.
En reuniones anteriores, sectores taxistas objetaron la legalización de las aplicaciones. José Iantosca, de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario (Catiltar), reiteró la falta de cobertura de seguros para pasajeros transportados por aplicaciones. Sostuvo que la protección alcanza a titulares de vehículos, no a personas transportadas, y a automóviles con hasta 10 años de antigüedad. Propuso convocar a una audiencia con representantes de la Asociación de Productores Asesores de Seguros para que se expidan sobre el tema.
Vanesa Judith Mulardo, del mismo sector, se refirió al último estudio de costos del sistema público de taxis, que arroja una variación del 29,35% sobre el valor tarifario actual al mes de julio de 2026. La bajada de bandera es de 3.559,78 pesos y la ficha cada cien metros de 177,98 pesos, lo que aumenta las diferencias con las promociones de las aplicaciones.
Ricardo Arijón, de la Asociación Civil Paradas Libres, afirmó que Uber transporta fundamentalmente personas, lo que implica la condición de servicio público y no de servicio privado como sostienen quienes impulsan la legalización.
El proyecto del intendente Pablo Javkin no reúne voluntades de otros bloques. El concejal libertario Juan Pedro Aleart planteó eliminar la ordenanza de 2023 que habilitaba las aplicaciones, que los precios se acuerden por oferta y demanda, rechazó el cobro de una tasa a las empresas y propuso habilitar los traslados en moto, ítem que el Ejecutivo dejó de lado.
El peronista Mariano Romero cuestionó la eliminación del límite de antigüedad de diez años propuesto por el oficialismo y consideró que las aplicaciones deben ser consideradas servicio público y no se puede desregular totalmente la tarifa.
El oficialista Fabrizio Fiatti defendió la continuidad de la normativa sobre taxis y remises: «No podemos cambiar la definición de servicio público, eso no está en debate». Sostuvo que hay acercamientos con LLA, pero fijó un límite: «No compartimos que haya que regular las motos». Recordó que los viajes de Uber no tienen cobertura reconocida por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Voceros de Uber para el Cono Sur se ofrecieron a concurrir al Concejo para intercambiar información y marcar postura sobre la futura legislación. «El mensaje del Ejecutivo va en el camino correcto», anticiparon a este diario.
Prohibición de cuidacoches
El Ejecutivo envió el 17 de octubre un mensaje para adherir a la ley provincial 14.486, que prohíbe la actividad de cuidacoches en la vía pública. Para su análisis se realizará una reunión conjunta de las comisiones de Control, Convivencia y Seguridad, Obra Pública y Gobierno este miércoles.
La norma provincial establece tareas educativas y comunitarias para quienes cometan contravenciones, multas pecuniarias y gradualidad en las sanciones según los niveles de coacción o extorsión. También prevé penas de casi un millón de pesos para los organizadores de grupos de cuidacoches que se beneficien con la actividad prohibida.
La adhesión faculta a los agentes municipales a solicitar la intervención y auxilio de la policía «al solo efecto de hacer cesar de forma inmediata el estado antijurídico mediante el desplazamiento de los infractores del espacio público, sin perjuicio del posterior trámite sancionatorio que corresponda».
Con la modificación del artículo 300 del Código de Convivencia municipal, se introducen multas, tareas socioeducativas y sanciones pecuniarias que podrían rozar el millón de pesos. También un capítulo social que promueve la reinserción laboral en oficios y el abordaje de consumos problemáticos.