El gobierno pasó su semana más importante a la hora de evaluar la gestión económica. La confirmación de un desembolso de US$20.000 millones -del que ya llegaron US$12.000 millones- para capitalizar el balance del Banco Central fue la llave que destrabó una de las mayores complicaciones que tenía la economía argentina de los últimos años: el cepo al dólar.
En el mismo movimiento en que se anunciaba el acuerdo con el FMI el gobierno informaba el levantamiento del cepo y el comienzo de un nuevo régimen de administración cambiarias, con bandas en las que el valor de la divisa flotaría, admitiendo la intervención del Central de ser necesario.
Toda la expectativa se centró en el comportamiento de los mercados y de los distintos agentes económicos para los primeros días post cepo: pero no hubo overshooting, ni devaluación fuerte del peso ni tensión cambiaria. Como anticiparon los analistas consultados el domingo pasado por PERFIL CORDOBA (Gastón Utrera, Nicolás Alfonso, Agustín Arreguy) hubo euforia en los mercados y una cuasi pax cambiaria.
Como se supo horas después, el apoyo del FMI llegó con varios asteriscos, pidiendo que se avance en reformas de fondo, rediseñando los sistemas tributarios, laborales y previsionales. Un lugar común por parte del organismo multinacional. Pero que hoy tiene más chances de ser escuchado. 24 horas después del primer desembolso, el jefe de Gabinete Guillermo Francos confirmaba la prioridad del gobierno al afirmar que “para diciembre empezaremos a hablar de estos temas, con un Congreso renovado con diputados y senadores».
Diagnóstico. El sistema previsional argentino, sumando todos sus subsistemas genera aportes para cerca de 9 millones de personas y se estima que sólo 1 de cada 5 contribuyentes (incorporando las jubilaciones provinciales) aportó al sistema cumpliendo la totalidad de años y sin ningún tipo de moratoria. Es decir, sólo el 20% está en la fórmula general y con aportes completos al día, hay otro 20% que constituyen distintas modalidades de regímenes especiales (hay ejemplos en las cajas provinciales) y hay un 60% que se sumaron vía algún esquema de moratorias, por caso, comprando años. La última moratoria, que acaba de vencer a fines de marzo y no se prorrogará incorporó a más de 580.000 personas.
Otra forma de tomar dimensión de lo que pasó en los últimos años en considerar al gasto previsional en relación al PBI. Y en sentido se estima que para el año 2004, antes del inicio de las moratorias, el sistema previsional representaba 4.3 puntos del PBI. Poco más de 20 años después ese valor es de 7.6 puntos del PBI, casi cerca de haberse duplicado.
Considerarlo en relación a la recaudación también puede servir. Hoy el Estado recauda 23% del PBI, es decir que el gasto previsional se acerca a un tercio de todo lo que se recauda. Y con los años llegó incluso a superar a otro ítem sensible, como es la inversión en educación. El histórico 6% de presupuesto educativo -hoy posiblemente menos- fue superado por la erogación en jubilaciones y pensiones.
“En 2004 comienzan las moratorios y desde allí se duplica el gasto. No era deseable estar con el nivel de cobertura que teníamos en 2004 y algo había que hacer, pero no estuvo bien la forma en que se resolvió porque se equiparó el beneficio para alguien que no aportó con el de alguien que sí aportó”, remarca el economista Patricio Canalis, de IDESA.
Canalis sostiene que en la mayoría de los países de Latam se diseña alguna política puntual para la sostenibilidad del sistema y el apoyo a los mayores de 65 años.
“La principal medida es una pensión no contributiva. No equipararla con una pensión contributiva porque se rompen los estímulos de aporte y se les da otro peso en las finanzas. Otro enfoque es reconocer los años de aporte a las personas, eso también se usa. Otorgar una jubilación proporcional en base a los años de aporte. El gobierno podría estar yendo a ese camino, tomar la PUAM (Pensión Universal al Adulto mayor) y desde esa base ir reconociendo los años de aporte”, dice.
El esquema también tiene adeptos entre la oposición dialoguista, por lo que podría ser un camino a explorar.
-¿Qué se debe hacer con las moratorias?
-Hay que trabajar en una solución distinta. Dejarlas vencer tampoco es deseable ni sustentable, porque viene otro gobierno y genera un esquema nuevo y volvemos al mismo problema. Hay que pensar una salida que deje conforme a la mayor cantidad de sectores y permite un recorrido de largo plazo. Y hay que entender que el previsional es un problema común a la mayoría de los países, por eso hay que trabajar seriamente para que no se agrave.
Una reforma integral. A la hora de pensar en los ejes que debería tener un nuevo sistema desde IDESA plantean algunos puntos centrales.
–Moratorias: “En primer lugar, hay que resolver las moratorias. Definir si se toma la PUAM y desde ese piso ir sumando los años, por ejemplo. No es cuestión solo de dejar vencer las moratorias. Hay que generar incentivos para aportar”, dice Canalis.
-Regímenes especiales. Se estima que hay 200. “Otro punto en el que hay consenso es revisar los regímenes especiales. Incluidas las cajas provinciales que tienen regímenes especiales. Se comprometieron a adecuarse para que el gobierno nacional les siga pasando financiamiento y no lo hacen. Siguen pagando beneficios por encima de la fórmula general”.
-Beneficios duplicados. “Hay que analizar la sostenibilidad de la duplicación de beneficios. Eso genera mucho peso, sobre todo para las mujeres que viven más y reciben más años los dos beneficios. Hoy el punto es que entre las dos se hace una jubilación digna. Una alternativa sería plantear la elección de un aporte a partir de cierta cantidad. Hoy no hay una propuesta clara, pero debe ser parte de una reforma integral”, proponen en IDESA.
-Extensión de años: La madre de todas las batallas. “Se debe revisar la posibilidad de la cantidad de años de aporte. En otros países, como en España, se suma un mes adicional por año. Si este año la gente se jubila con 65 años, en 2026 se deberían jubilar con 65 años + 1 mes. Es una regla de actualización lenta que puede servir. La clave está en adecuar la cantidad de años a la realidad demográfica actual”, sostiene Canalis.