El juez federal de Lomas de Zamora Juan Tomás Rodríguez Ponte dispuso órdenes de presentación contra los tres clubes y otras empresas para que entreguen documentación sobre préstamos y sponsoreos vinculados con la financiera de Maximiliano Vallejo.
El juez federal de Lomas de Zamora Juan Tomás Rodríguez Ponte dispuso órdenes de presentación contra San Lorenzo, Racing y Argentinos Juniors, entre otros, para que entreguen documentación sobre préstamos y sponsoreos vinculados con Sur Finanzas, la financiera de Maximiliano Vallejo.
Una orden de presentación permite reclamar formalmente documentación y elementos de interés para una investigación y, ante una negativa a entregarlos, habilita a la Justicia a avanzar con las medidas coercitivas correspondientes.
La resolución del juzgado también dispuso buscar documentación bancaria, financiera y comercial destinada a reconstruir la trazabilidad del dinero que pasó por una serie de empresas y entidades alcanzadas por la investigación.
Se trata de los clubes que presiden Diego Milito, Marcelo Culotta y Cristian Malaspina, respectivamente. Este último, además, es secretario ejecutivo de la AFA. Vallejo tenía, antes del escándalo, una fuerte relación con Claudio Chiqui Tapía.
San Lorenzo: un informe del propio club contabilizó $1.640 millones en préstamos de Sur Finanzas, distribuidos en ocho transferencias. Además hubo $300 millones vinculados a un adelanto de derechos de TV gestionado por AFA, que el club diferenció de los préstamos. Argentinos Juniors: la defensa de Ariel Vallejo sostuvo judicialmente que recibió $600 millones en total, destinados a salarios y obras en la tribuna. Y Vallejo había prometido un sponsoreo de un millón de dólares por año a Racing.
Vallejo y sus socios están investigados por lavado de activos, asociación ilícita y defraudación por administración fraudulenta y se estima en fuentes judiciales que habría habido violaciones a la ley cambiaria por unos 100 millones de dólares. Vallejo en su indagatoria negó los cargos.
Además de los tres clubes, Rodríguez Ponte ordenó medidas sobre Godel Quilmes SA, Pagos y Transferencias SA, Cobro Express Buenos Aires SA, Pagos Dica SA, Núcleo Transportadora SA, Fundraiser SAS, Cobranza Integral SA y AGA Group SRL.
La decisión constituye un nuevo avance de la investigación que tramita ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora bajo el número 50.354/2025.
El objetivo central de las medidas es reconstruir el recorrido que tuvo el dinero después de que la Justicia autorizara a las distintas entidades deportivas investigadas a volver a operar con sus cuentas bancarias y, en determinados casos, con cuentas comitentes.
Rodríguez Ponte sostuvo en su resolución que, debido al “estado y avance” de la investigación, resulta necesario conocer la trazabilidad del dinero, activos, acciones y títulos de las personas jurídicas alcanzadas por las medidas judiciales.
Por eso ordenó que los responsables de esas instituciones entreguen a los investigadores estados de cuenta, transferencias, contratos, soportes de pago y cualquier otro elemento relacionado con los movimientos financieros que están bajo análisis.
La documentación requerida comprende el período que comienza cuando cada una de esas empresas o entidades fue autorizada judicialmente a volver a operar sus cuentas y se extiende durante los treinta días posteriores a esa decisión.
La medida adquiere particular relevancia porque entre las entidades alcanzadas aparecen tres importantes clubes del fútbol argentino: Racing Club, San Lorenzo de Almagro y Argentinos Juniors.
Los investigadores buscan reconstruir así los circuitos financieros que aparecen bajo análisis en la causa y determinar el origen, destino y eventuales beneficiarios de los fondos que circularon por las cuentas involucradas.
La causa había provocado anteriormente fuertes restricciones financieras. El 2 de diciembre de 2025 se había dispuesto, entre otras medidas cautelares, la inhibición general de bienes de diversas personas físicas y jurídicas.
Entre las entidades alcanzadas por aquella decisión estaban precisamente Godel Quilmes, Argentinos Juniors, Racing, San Lorenzo, Pagos y Transferencias, Cobro Express Buenos Aires, Pagos Dica, Núcleo Transportadora, Fundraiser, Cobranza Integral y AGA Group.
Sin embargo, a medida que avanzó el expediente, el magistrado que intervenía entonces fue concediendo autorizaciones para que esas entidades pudieran volver a operar con las cuentas bancarias en las que figuraban como titulares, cotitulares o autorizadas.
El 9 de diciembre de 2025 se autorizó a operar a Godel Quilmes, Argentinos Juniors y Racing. Seis días después ocurrió lo mismo con Pagos y Transferencias, y el 16 de diciembre con Cobro Express Buenos Aires.
El 17 de diciembre fue autorizada Pagos Dica; al día siguiente, Cobranzas Integral; y el 22 de diciembre, Fundraiser y Núcleo Transportadora. Finalmente, el 30 de diciembre se permitió volver a operar a San Lorenzo.
En el caso de Argentinos Juniors, además, el 15 de diciembre de 2025 se lo habilitó para operar en la Caja de Valores y ante la Comisión Nacional de Valores. Racing recibió una autorización similar el 30 de diciembre.
También se permitió a Godel Quilmes operar con una cuenta comitente en Caja de Valores, mientras que en agosto de este año se levantó la inmovilización de fondos de una cuenta comitente perteneciente a AGA Group SRL.
Ahora Rodríguez Ponte quiere conocer qué ocurrió inmediatamente después de esas autorizaciones. Es decir, seguir el rastro de los fondos durante el período posterior a la flexibilización de las medidas cautelares y determinar hacia dónde se dirigieron.
Para ello, el magistrado recurrió a las órdenes de presentación previstas en el artículo 232 del Código Procesal Penal de la Nación y dispuso que las diligencias fueran realizadas con habilitación de hora inhábil si resultaba necesario.
El juez justificó también la modalidad elegida por la complejidad de la investigación, el volumen de documentación que podría obtenerse y la necesidad de evitar demoras capaces de poner en riesgo el resultado de las medidas.
En la resolución señaló expresamente “la gravedad de los hechos que son motivo de pesquisa”, además de su “complejidad”, como razones para adoptar recaudos especiales durante la ejecución de las órdenes.
Las diligencias quedaron a cargo de la División Unidad Operativa Federal Ezeiza de la Policía Federal Argentina. El juez facultó al titular de esa dependencia, o al personal que designe, para ejecutar las medidas.
Los policías deberán obtener documentación bancaria, financiera y comercial, incluyendo estados de cuenta, transferencias, contratos, soportes de pago y registros que permitan reconstruir la trazabilidad de operaciones con dinero, activos, acciones o títulos.
La decisión muestra que una de las prioridades de esta etapa de la investigación será seguir el dinero y reconstruir los movimientos realizados por las entidades que quedaron alcanzadas por las medidas cautelares dictadas en diciembre pasado.
En el caso de los clubes, esa reconstrucción permitirá determinar con precisión qué operaciones realizaron durante el período analizado y contrastarlas con los préstamos, acuerdos comerciales y sponsoreos que investiga la Justicia dentro de la causa vinculada a Sur Finanzas.
La resolución, de siete páginas, no formula en este tramo conclusiones sobre la responsabilidad de los clubes ni afirma que las operaciones investigadas sean ilícitas. La medida tiene como finalidad reunir documentación para reconstruir los movimientos financieros y profundizar una investigación todavía en curso.
El resultado de las órdenes de presentación será clave para una segunda etapa: cruzar los movimientos bancarios, contratos y transferencias obtenidos con la información que ya existe en el expediente y determinar quiénes enviaron y recibieron los fondos bajo investigación.
De ese modo, Rodríguez Ponte busca avanzar sobre uno de los puntos centrales de la causa: reconstruir documentalmente el circuito del dinero y establecer si detrás de las operaciones comerciales y financieras investigadas existieron movimientos que puedan tener relevancia penal.