La Cámara de lo Contencioso Administrativo 2 de Rosario hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Caja de Previsión Social de los Profesionales de la Ingeniería de Santa Fe y suspendió el decreto 706/26 de la Municipalidad de Rosario, que eliminaba la obligación de exigir el pago de aportes previsionales como condición para emitir permisos o certificados de obra.
La Cámara de lo Contencioso Administrativo 2 de Rosario hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la Caja de Previsión Social de los Profesionales de la Ingeniería de Santa Fe y suspendió el decreto 706/26 de la Municipalidad de Rosario. La normativa eliminaba la obligación de requerir el pago de aportes previsionales a los profesionales como condición para emitir permisos o certificados de obra.
La entidad que obtuvo la cautelar sostuvo que la disposición municipal implicaba la pérdida de herramientas para garantizar la sostenibilidad del sistema previsional y el encuadre legal de las actividades profesionales.
A partir de la resolución judicial, la Municipalidad deberá acatar la medida y volver a exigir el cumplimiento de ese requisito mientras se resuelve la cuestión de fondo.
El decreto, firmado por el intendente Pablo Javkin en abril, anula los artículos 5.4.1 y 5.4.2 del Anexo I del Decreto 1261/2024, que regía los trámites de la Dirección General de Obras Particulares.
El Municipio argumentó que el cambio apuntaba a «modernizar y agilizar» la administración pública, simplificar la estructura tributaria y ejercer la autonomía municipal estipulada en la Constitución de Santa Fe.
La Caja de Previsión Social de los Profesionales de la Ingeniería de Santa Fe, que consiguió la cautelar, y el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Rosario expresaron su rechazo a la normativa.
Esas entidades advirtieron que los cambios establecidos por decreto no anulan la ley de aportes, pero eliminan el mecanismo de control estatal previo. Agregaron que eso pone en riesgo el financiamiento del sistema previsional y asistencial que sostiene a más de 20.000 familias de profesionales.
Tras la presentación judicial, la Cámara consideró que hay elementos suficientes para considerar, en esta instancia, que el decreto municipal puede desconocer obligaciones establecidas por legislación provincial y afectar el financiamiento de la Caja de Ingenieros, entre otras de profesionales.
El tribunal centró su argumentación en el artículo 48 de la Ley provincial 6729, según el cual las reparticiones municipales encargadas de aprobar, inscribir o visar planos y proyectos técnicos no pueden dar curso a esas actuaciones sin la previa constancia del depósito de los aportes correspondientes.
Entre los considerandos de la resolución judicial se destaca que el cambio pretendido por el Municipio no puede considerarse apenas como una reorganización de trámites para facilitarlos. El tribunal señaló que la eliminación del control municipal podía favorecer el incumplimiento de los aportes y generar un perjuicio para el financiamiento del sistema previsional y de salud de los profesionales.
El tribunal también rechazó, para esta instancia cautelar, que la autonomía municipal pudiera desplazar las obligaciones establecidas por una ley provincial. Agregó que las competencias de los gobiernos locales deben ejercerse en coordinación con las atribuciones provinciales.
La resolución no se pronuncia sobre el fondo del debate, es decir, la validez del Decreto 706. Se trata de una medida cautelar que ordena suspenderlo hasta que se defina la cuestión de fondo.