Fabiana Julia Vedia formalizó una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación contra cinco personas por los delitos de asociación ilícita, estafa procesal, falsificación de documento público y amenazas coactivas, en el marco de un conflicto por un predio de más de 56.000 metros cuadrados en el barrio Nuevo Alberdi, donde residen cinco familias desde 1989.
Una denuncia penal fue presentada ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario por Fabiana Julia Vedia, en representación de su familia y de los vecinos de un predio ubicado en la sección 13 del barrio Nuevo Alberdi. La presentación involucra a cinco personas: Sebastián B., el abogado Gustavo B., el escribano Eduardo Martín Torres y Rómulo José Zérbola. Los delitos imputados son asociación ilícita, estafa procesal, falsificación de documento público y amenazas coactivas.
La causa quedó a cargo de la fiscal Guillermina Aiello, quien ya tiene otra denuncia previa relacionada con el mismo conflicto de tierras.
Según el escrito, la maniobra habría tenido como objetivo apoderarse mediante documentación fraudulenta de un predio de más de 56.000 metros cuadrados, donde cinco familias residen desde 1989.
Antecedentes del conflicto
La disputa por los lotes 11, 12 y 13 se remonta a 1999, cuando la familia Gómez, que habita y trabaja la tierra desde hace más de tres décadas tras adquirirla mediante un boleto de compraventa a Rómulo Luis Zerbola, inició un juicio de usucapión para regularizar la titularidad del inmueble.
En paralelo, Sebastián B. reclamó la propiedad mediante una acción de reivindicación, basándose en una escritura pública otorgada por el escribano Eduardo Martín Torres en 1999, que utilizaba un poder especial de un homónimo: Rómulo José Zerbola.
El escribano Torres registra una condena previa a 12 años de prisión por su participación en la causa conocida como Megaestafa Inmobiliaria de Rosario.
La Justicia Civil de primera instancia falló a favor de los ocupantes históricos, reconociendo la prescripción adquisitiva. En octubre de 2021, la sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial revocó la sentencia y ordenó el desalojo de los terrenos, con base en la documentación que la defensa penal ahora cuestiona.
Hechos recientes y situación de las familias
Según la denuncia, el pasado 26 de agosto tres hombres a bordo de dos vehículos se presentaron en el predio. La denunciante identificó al abogado acusado entre ellos, quien según el escrito la habría amenazado directamente: «Les queda poco acá… váyanse, que si no los vamos a cagar a tiros». A mediados de septiembre, se registró un nuevo ingreso sin autorización para inspeccionar las viviendas, lo que motivó una convocatoria a la policía a través del 911.
En las cinco viviendas construidas en el lote residen más de una docena de personas, entre niños y adultos mayores en situación de extrema vulnerabilidad. Entre ellos se encuentran Sabino Raúl Gómez y Cristóbal Gómez, querellantes originales en la usucapión, quienes padecen severos cuadros de deterioro cognitivo y demencia certificados por el Pami y el Consultorio Médico Forense, lo que les impide comprender las alternativas del litigio, según el escrito.
Solicitud al MPA
El patrocinio técnico de las familias, encabezado por el abogado Agustín Ferrari, solicitó formalmente el cese de estado antijurídico para congelar cualquier intento de desalojo impulsado desde el fuero civil hasta tanto la investigación penal determine la falsedad de los títulos expuestos.
Ferrari sostuvo que este tipo de coyunturas marcan el rol de las instituciones: «Son estos los momentos donde el Ministerio Público de la Acusación debe decidir si está del lado de los vulnerables o del establishment», remarcó el letrado.
Además del cese de estado antijurídico para detener el desalojo, la presentación exige la fijación de una prohibición de acercamiento para todos los denunciados y la pronta citación a audiencia imputativa para evaluar las responsabilidades penales del grupo acusado.