En una nueva sesión de la Cámara de Senadores de Santa Fe, legisladores de distintos bloques expusieron datos y propuestas sobre el estado de las rutas nacionales que atraviesan la provincia, en el marco de un pedido de informes presentado por el senador Julio Garibaldi.
La Cámara de Senadores de Santa Fe trató esta semana un pedido de informes presentado por el senador Julio Francisco «Paco» Garibaldi (Socialista, La Capital) sobre el estado de las rutas nacionales en territorio santafesino. Durante el debate, distintos legisladores aportaron datos, reclamos y propuestas.
Garibaldi señaló que el impuesto a los combustibles líquidos, que tiene asignación específica por ley para el mantenimiento de rutas, aumentó del 8,9% por litro en noviembre de 2023 al 19,25% en julio de 2026. Según el senador, los fondos recaudados no se ejecutan en obras viales.
La senadora Leticia Di Gregorio (UCR, General Obligado) afirmó que los recursos «van a la timba financiera» y recordó que presentó una demanda judicial por falta de mantenimiento de rutas. Dijo que tras la publicación de quejas en medios nacionales se realizaron bacheos en rutas 8, 7 y 33, pero que no son las obras definitivas de repavimentación.
Di Gregorio también citó un informe del diario La Nación sobre el Fideicomiso de Infraestructura de Transporte (Sisvial), que recibió 1,5 billones de pesos, de los cuales no se ejecutó el 73,8%. Señaló que más de 1,2 billones fueron a instrumentos financieros.
El senador Rodrigo Borla (UCR, San Justo) leyó datos de un informe de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina) que indica que el 74% de los caminos nacionales presenta problemas graves. Mencionó casos concretos en la Ruta Nacional 11.
El senador Esteban Motta (UCR, San Cristóbal) sostuvo que «las rutas no son ni peronistas, ni radicales, ni libertarias» y reclamó una política de Estado para el transporte. Afirmó que «sufrimos en las rutas accidentes evitables porque no hay una política nacional».
Los legisladores coincidieron en que el gobierno nacional no ejecuta las obras comprometidas y que los fondos recaudados por impuestos específicos no se destinan a su fin legal.