Doce familias que habitan un terreno en Vera Mujica y Vélez Sarsfield, en el barrio Refinería de Rosario, recibieron una notificación de la Agencia de Administración de Bienes del Estado para abandonar sus hogares. Los vecinos, que llevan décadas en el lugar, presentaron una respuesta legal y aguardan una resolución.
Doce familias que residen en un terreno ubicado en la intersección de Vera Mujica y Vélez Sarsfield, en el barrio Refinería de Rosario, recibieron una intimación de desalojo por parte de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). La notificación, firmada por Hugo Alberto Gasalla, coordinador de la Dirección de Despliegue Territorial de la AABE, fue recibida el 28 de abril. Desde entonces, los vecinos manifestaron su preocupación y presentaron una respuesta legal rechazando la medida.
Mariana Llancafin, de 36 años, reside en el lugar desde hace más de dos décadas. Junto a su pareja, su hijo, su madre, una hermana menor de edad y un hermano con discapacidad, habita una de las viviendas. En declaraciones a La Capital, Llancafin afirmó: “No sabemos lo que va a pasar”. También señaló que si bien existían rumores previos sobre un posible desalojo, nunca habían recibido una notificación formal.
Lucía Pérez, otra de las vecinas, llegó al barrio hace ocho años. La familia de su esposo, Gonzalo, reside allí desde hace más de dos décadas. Pérez relató que la notificación llegó dos días después de que ella fuera operada como paciente oncológica. “Fue sorpresivo. Quedamos en shock”, expresó. La mujer se presentó ante la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía Regional Nº2 sin obtener respuesta. “Nunca nos dieron una solución. Hasta este momento tenemos angustia”, agregó.
Carlos Muñoz, de 68 años, llegó al barrio en 2002 con su hijo recién nacido. Se define como “multioficio” y desarrolló su vida en el lugar. “Por suerte no sucedió nada. Estamos preocupados. Tenemos riesgo de quedar en la calle”, declaró. Muñoz indicó que las familias están organizadas para evitar un desalojo violento o lograr la regularización de los terrenos.
Los vecinos reconocen la situación irregular de la ocupación. Cuentan con agua potable y electricidad, pero no con gas natural, por lo que se proveen con garrafas. En el barrio residen enfermeros, metalúrgicos, albañiles y empleadas domésticas. Los habitantes manifestaron su disposición a ser reubicados en otro lugar. Muñoz afirmó: “Si me dejan pagar el lugar, lo hago”. Pérez expresó que “sería maravilloso” contar con esa posibilidad.
El abogado Edgardo Bonisoli, que representa a las familias, presentó un escrito rechazando la intimación. Bonisoli sostuvo que la notificación “carece de motivación suficiente y está viciada de arbitrariedad”. Además, argumentó que la AABE “carece de facultades para intimar, solicitar o ejecutar un desalojo sin intervención del Poder Judicial”. El letrado citó la ley 17.091, mencionada en la intimación, y señaló que dicha norma está destinada a la recuperación de inmuebles fiscales concesionados, no a viviendas familiares.
La respuesta de las familias también solicita que el gobierno nacional presente pruebas de la titularidad del terreno. Asimismo, se menciona que en las viviendas habitan menores, por lo que un desalojo podría violar la Convención sobre los Derechos del Niño y la ley nacional 26.061.
Bonisoli confirmó que la AABE recibió la respuesta, otorgó un número de expediente y dejó abierta la posibilidad de una respuesta, que hasta el momento no llegó.