El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, participó de un encuentro organizado por ADER en la ciudad de Santa Fe, donde abordó la coyuntura del sector productivo, el impacto de la paralización de obras públicas y la política económica nacional.
El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, fue invitado por la Asociación para el Desarrollo Regional (ADER) a debatir con representantes de entidades de la ciudad de Santa Fe sobre el modelo económico y la situación del sector agropecuario.
Rodríguez afirmó que «el gobierno nacional es muy hostil al conjunto de los sectores productivos» y señaló que, si bien el sector atraviesa una coyuntura climática favorable y buenos precios internacionales, «la situación es compleja» debido al aumento de costos como combustible y fertilizantes, el tipo de cambio y la caída de la demanda en producciones destinadas al mercado interno.
Consultado sobre el impacto de la paralización de obras públicas nacionales, indicó que «quedaron mil obras paralizadas» y que la provincia de Buenos Aires retomó algunas, mientras que otras continúan bajo la órbita nacional. Mencionó el caso de la Ruta Nacional 3, donde un cruce inconcluso obliga a desvíos que afectan el tránsito pesado.
En relación a la industria de maquinaria agrícola, sostuvo que en su provincia también se registra una caída de la demanda y un aumento de las importaciones, lo que afecta al sector agroindustrial en general.
Acerca del debilitamiento de organismos como INTA, SENASA e INTI, Rodríguez expresó que «el impacto es enorme» y que durante el gobierno de Javier Milei se fueron dos mil profesionales del INTA, lo que implicó el abandono de líneas de investigación, por ejemplo en nanotecnología.
También se refirió a las retenciones y a la rentabilidad del productor, señalando que «no alcanza con celebrar una baja de dos puntos en los derechos de exportación si al mismo tiempo el combustible aumentó 25%».
Finalmente, sobre la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, manifestó que «el gobierno nacional tiene una gran capacidad para cambiarle el nombre a las cosas» y que el tema de fondo es la extranjerización de tierras rurales, que podría implicar «una pérdida muy grave de soberanía».