El Poder Ejecutivo Nacional publicó este jueves el Decreto de Necesidad y Urgencia 681/2025, que modifica la Ley de Migraciones 25.871 y establece causales de rechazo o expulsión de extranjeros por incitación a la violencia o mensajes de odio contra el país. La medida generó pronunciamientos en contra de legisladores y especialistas.
El Gobierno nacional publicó este jueves el Decreto de Necesidad y Urgencia 681/2025 en el Boletín Oficial, mediante el cual se modifica la Ley de Migraciones 25.871 y se incorporan causales para impedir el ingreso al país o expulsar a personas extranjeras que “incitaren o dirigieran mensajes de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino”.
Según el mensaje difundido por la Oficina del Presidente en su cuenta de la red social X, “frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”.
El decreto establece que el rechazo o la expulsión podrá aplicarse cuando, bajo criterio del Poder Ejecutivo, una persona ofendiera a la población argentina o ultrajara símbolos patrios.
El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) expresó a través de su cuenta en X que se trata de “un acto de patrioterismo desprolijo e inconstitucional”. En su mensaje, Ferraro cuestionó la validez del DNU y afirmó que “parece responder más a una necesidad política personal que a una verdadera necesidad y urgencia del país”. Además, preguntó: “¿Quién y cómo va a aplicar esas causales?, ¿cómo se determinará que una persona incurrió en supuestos tan ambiguos como el ‘mensaje de odio’ hacia el país o nuestra población?”.
La exdirectora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, señaló en declaraciones que la medida resulta “irónica” por provenir de “un gobierno que hace de los mensajes de odio una política de estado”. En ese sentido, sostuvo que “si todos los países hiciesen esto, Milei no podría entrar en varios”. Carignano mencionó a Chile, México, El Vaticano, España, Colombia, China, Venezuela y Brasil entre los países cuyos gobiernos fueron objeto de agravios por parte del presidente argentino.
El exsenador Esteban Bullrich (PRO) consideró en su cuenta de X que “el Presidente libertario, el faro de la libertad de occidente, firmando un decreto para echar o no permitir la entrada al país a personas por sus opiniones en contra de la Argentina, es la estupidez más grande del 2026”.
El diputado radical Pablo Juliano calificó el decreto como “patrioterismo de cartón” y sostuvo que “se hacen los patriotas por DNU por una polémica de redes, mientras preparan la mayor entrega de nuestras tierras para la votación del 6 de agosto. Los símbolos nacionales se respetan, pero la soberanía territorial de la Argentina no se remata”. La referencia alude a la votación del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que habilitaría la compra sin límites de tierras argentinas por parte de capitales extranjeros.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez advirtió que “otra vez la Ley de Migraciones se reforma por DNU avasallando al Congreso de la Nación sin que existan las causales de habilitación previstas por la Constitución”. Añadió que “esta vez con una causal propia de la Venezuela de Maduro” y sostuvo que “lo paradojal es que con esta normativa Milei no podría volver a ingresar a Brasil o España debido a su ‘discurso de odio’”.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) había señalado en una publicación de mayo de 2025 que la reforma normativa implementada a través del DNU 366/2025 “ataca dos pilares fundamentales de la política migratoria argentina de los últimos 20 años: el acceso igualitario a derechos humanos y el Estado como garante de la regularidad migratoria”. Según el CELS, “con la implementación de pequeños cambios en apenas algunos artículos de la ley, el gobierno modificó de raíz el espíritu de la norma, incorporó barreras para acceder a la residencia regular en el país y, con eso, al ejercicio de derechos como la salud o la educación”.