Un informe de la Fundación Pensar, ligada al PRO, reconoce avances en la estabilización macroeconómica, pero señala que sectores como jubilados y clase media baja aún enfrentan dificultades en salarios, consumo y poder adquisitivo.
El PRO, a través de un informe de la Fundación Pensar, expresó su postura respecto a la segunda etapa del Gobierno de Javier Milei. El documento reconoce que la administración libertaria logró ordenar las principales variables macroeconómicas, pero advierte que la sociedad comenzó a demandar respuestas sobre cuestiones más inmediatas, como los salarios, el consumo, el empleo y el poder adquisitivo. «La estabilización económica ya no alcanza», resume el texto.
El trabajo sostiene que el Gobierno «evitó en su primera fase el colapso económico: bajó la inflación», aunque señala que el principal desafío del oficialismo será conseguir que esa mejora económica se traduzca en una sensación concreta de bienestar social. Según el relevamiento, distintos sectores reconocen avances en materia de orden y estabilidad, pero mantienen reclamos pendientes que podrían condicionar el escenario político rumbo a las elecciones de 2027.
Uno de los capítulos más críticos del informe está dedicado a los jubilados, un segmento que la Fundación Pensar considera de «riesgo muy alto» para el Gobierno. Allí afirma que «la sociedad puede aceptar un ajuste al Estado, a la política, a la obra pública o a subsidios. Pero el ajuste a jubilados tiene otro registro: genera enojo moral». Además, concluye que «el jubilado no puede esperar que el futuro llegue», al advertir sobre la insuficiencia de los haberes y el deterioro del poder de compra del sector.
La clase media baja aparece como otro de los sectores más sensibles. El documento indica que fue beneficiada por la desaceleración inflacionaria respecto de 2024, pero identifica que su principal preocupación continúa siendo «llegar a fin de mes», un reclamo que representa un «riesgo alto» para la administración libertaria.
En tanto, entre los trabajadores informales el principal reconocimiento hacia el Gobierno es la menor inflación, aunque sus demandas continúan concentradas en una mayor generación de empleo y mejores mecanismos de protección social. La situación es similar entre los monotributistas, quienes esperan una menor carga tributaria, más demanda para sus actividades y reglas más previsibles para desarrollar sus emprendimientos.
El informe también advierte sobre el escenario laboral. «Tener trabajo no siempre significa estar a salvo», sostiene al analizar la situación de los trabajadores desocupados y subocupados. Según explica, el fenómeno del malestar social ya no puede medirse únicamente a través del desempleo abierto, sino que alcanza a quienes necesitan sumar horas laborales, conseguir un segundo empleo o resignaron buena parte de sus consumos habituales para sostener su economía familiar.
Respecto de los empleados públicos, el documento asegura que sufrieron «una doble pérdida: pierde poder adquisitivo y pierde reconocimiento». Si bien admite que para parte de la sociedad el ajuste estatal constituye una condición necesaria para alcanzar el orden fiscal, advierte que quienes integran la administración pública viven el proceso como «una experiencia concreta de deterioro e incertidumbre». La conclusión del apartado es: «no sólo perdió ingresos; perdió legitimidad social».
Finalmente, la Fundación Pensar sostiene que la principal incógnita para el oficialismo será determinar si la mejora de los indicadores económicos logrará convertirse en una percepción social positiva. «La mejora macro no puede ser considerada socialmente exitosa si 4 de cada 10 chicos viven bajo la línea de pobreza», señala el trabajo al referirse a la pobreza infantil. El mensaje político del PRO es que la baja de la inflación ya no será suficiente para explicar por sí sola el respaldo electoral al Gobierno.