Un proyecto de ordenanza presentado en el Concejo Municipal propone un marco normativo para digitalizar la administración local, incluyendo la despapelización, el uso de firmas electrónicas y la incorporación de inteligencia artificial bajo principios éticos.
Un proyecto de ordenanza ingresado al sistema de información de expedientes municipal propone establecer un marco normativo para avanzar hacia la digitalización del municipio de Santa Fe. La iniciativa se enmarca en el plan Territorio 5.0 impulsado por el Gobierno de la provincia de Santa Fe.
El proyecto, presentado por el concejal Lucas Simoniello (Interbloque «Unidos»), abarca los conceptos de gobierno y ciudadanía digital, gobernanza de datos y la incorporación de tecnologías bajo criterios de eficiencia, transparencia y accesibilidad. Incluye la despapelización, el uso de expedientes electrónicos y firmas digitales, la simplificación de trámites en una plataforma única, y el uso ético y responsable de la inteligencia artificial (IA).
La normativa se aplicaría al municipio, al Concejo, al Tribunal de Cuentas y a todos los organismos descentralizados de la Administración Municipal.
Hacia un gobierno digital
Según el texto del proyecto, la Municipalidad avanzará de manera progresiva hacia un proceso de «despapelización», de modo que la totalidad de la actividad pública se desarrolle mediante herramientas digitales. El expediente digital tendrá «idéntica validez y eficacia jurídica» que el soporte papel. Todos los órganos alcanzados deberán utilizar una plataforma tecnológica común.
Plataforma Timbó
El proyecto faculta al Ejecutivo a adherir, mediante convenio con la Provincia, a la Plataforma de Gestión Digital «Timbó», para utilizar su ecosistema en la tramitación de expedientes digitales, firma electrónica, domicilio digital y atención virtual a la ciudadanía. El convenio deberá contemplar la interoperabilidad entre sistemas, la capacitación del personal y un cronograma de incorporación progresiva.
Se fomenta el uso de la firma electrónica y digital, con idéntica eficacia y valor probatorio que los documentos en papel. Además, se establece el domicilio digital como medio de comunicación entre la Municipalidad y las personas.
IA y prohibiciones
La iniciativa autoriza al Ejecutivo a utilizar, adoptar y desarrollar tecnologías basadas en IA, Internet de las Cosas (IoT) y otras tecnologías emergentes para la mejora de la gestión pública, el monitoreo inteligente y el análisis predictivo de datos. Se establecen principios éticos aplicables a la IA, como transparencia, explicabilidad, supervisión humana, no discriminación y mitigación de sesgos.
El proyecto prohíbe al municipio implementar sistemas de IA para vigilancia masiva e indiscriminada, mecanismos de calificación social («social scoring»), identificación biométrica remota en tiempo real en espacios públicos, e inferir características sensibles como origen étnico, opiniones políticas, orientación sexual o estado de salud a partir de datos biométricos.
También se regula la incorporación de dispositivos IoT en el espacio público, como sensores y cámaras para gestión de tránsito, alumbrado, recolección de residuos y monitoreo ambiental. Cada dispositivo deberá tener una finalidad específica y solo recolectar la información necesaria para dicha finalidad.
Fundamentos
En los fundamentos, Simoniello sostiene que la digitalización constituye «una herramienta estratégica para simplificar los procedimientos administrativos, agilizar la vinculación entre municipio y ciudadanía, y mejorar la eficiencia, la transparencia y la calidad de los servicios». Afirma que estos procesos requieren un marco jurídico claro que «ordene su implementación y resguarde los derechos de las personas».
El concejal justifica la adhesión a la plataforma Timbó «por razones de eficiencia y de racionalidad en el uso de los recursos públicos municipales», en lugar de desarrollar un sistema propio. Además, señala que el proyecto incorpora estándares internacionales en gobernanza de IA, como el Reglamento de IA de la Unión Europea, que prohíbe la vigilancia masiva y la calificación social, y exige supervisión humana y evaluación de riesgos.