La localidad de Álvarez, a pocos kilómetros de Santa Fe, está conmocionada por un episodio que comenzó con hurtos menores y escaló hasta involucrar al presidente comunal Joel De Genaro y al Ministerio Público de la Acusación.
La localidad de Álvarez, ubicada a pocos kilómetros de Santa Fe, se encuentra conmocionada por un confuso episodio que comenzó con una seguidilla de hurtos menores en comercios y escaló hasta convertirse en una controversia institucional que involucra a la conducción del Ejecutivo local.
Todo se inició la semana pasada, cuando comerciantes del pueblo expusieron su malestar en redes sociales ante reiterados robos cometidos bajo la modalidad de hurto simple (sin ejercicio de violencia) en un almacén, una carnicería y una despensa. Los hechos quedaron grabados por cámaras de seguridad, lo que permitió que el sábado por la noche el personal de la Subcomisaría 3ª detuviera al sospechoso, identificado como Ulises Salvatierra, quien padece problemas de consumo de estupefacientes.
Sin embargo, al tratarse de un delito excarcelable, las autoridades judiciales dispusieron su inmediata libertad, lo que provocó la reacción del presidente comunal, Joel De Genaro (Álvarez Avanza). El jefe político publicó en sus redes sociales el nombre y apellido del acusado y criticó la «puerta giratoria» de la Justicia. En sus publicaciones, se refirió a una supuesta «fiscal Reina», a quien calificó de «cara rota», «sinvergüenza» e «irresponsable». El caso tomó un giro cuando desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmaron que no existe ninguna funcionaria con ese apellido dentro de la Fiscalía Regional 2.
El escándalo político se intensificó cuando Salvatierra, tras recuperar la libertad, utilizó su cuenta de Facebook para responderle al mandatario comunal con una denuncia. El joven afirmó que, tiempo atrás, De Genaro le había propuesto «quedarse con el negocio de la falopa del pueblo» ofreciéndole presunta protección y la liberación de la zona a cambio de un reparto de ganancias estimado en un 60% para el acusado y un 40% para el funcionario.
Frente a la gravedad institucional de los señalamientos, que hasta el momento no recibieron desmentida oficial, el arco opositor local nucleado en «Unidos por Álvarez» emitió un comunicado formal. En el escrito, manifestaron su «profunda preocupación» ante las declaraciones que involucran conductas incompatibles con la función pública y vinculadas al narcotráfico, solicitando formalmente al MPA que tome cartas en el asunto, evalúe la existencia de posibles hechos ilícitos e impulse las investigaciones penales correspondientes para esclarecer la situación.