La modificación de la ordenanza de habilitaciones comerciales impulsada por la Municipalidad de Santa Fe y aprobada a fines de mayo por el Concejo permitirá que alrededor de 140 comercios que tenían sus trámites trabados puedan regularizar su situación y acceder a una habilitación por 10 años.
La reforma impulsada por el Ejecutivo y aprobada por el Concejo flexibiliza requisitos para pequeños comercios y establecimientos que no contaban con final de obra y de otros que eran considerados como “actividades riesgosas”. Unos 21 casos quedarán habilitados automáticamente.
Según explicó a El Litoral la secretaria de Producción y Empleo municipal, Rosario Alemán, los cambios buscan eliminar trabas burocráticas que afectaban especialmente a pequeños y medianos comercios. “Con esta modificación vamos a estar resolviendo 140 trámites que estaban trabados. Esto es más del 10% de las habilitaciones que gestionamos por año, así que lo consideramos muy importante, además de todo lo que va a venir a futuro”, sostuvo la funcionaria.
La reforma está prevista por la Ordenanza Nº 13.130 -sancionada el 28 de mayo de 2026- que modifica en algunos artículos a la normativa vigente 12.864 de Habilitaciones Comerciales. Los nuevos parámetros introducen criterios más flexibles para aquellos locales que manipulan alimentos y para comercios que realizaron modificaciones edilicias menores, sin resignar los controles de seguridad e higiene exigidos por el Estado.
“Beneficio inmediato”
A partir del jueves -cuando entra en vigencia la ordenanza-, 21 comercios “de hasta 200 metros cuadrados que manipulan alimentos y cuentan con la aprobación de Seguridad Alimentaria quedarán habilitados por 10 años”, explicó Alemán.
“Por ejemplo, nos pasaba que una verdulería, un drugstore, una rotisería, eran consideradas actividades ‘riesgosas’ por la ordenanza de habilitación por el sólo hecho de manipular alimentos. Entonces, necesitaban más cantidad de papeles y certificaciones”, indicó.
A ese grupo se suman otros 120 locales de entre 200 y 1.000 metros cuadrados que son clasificados como “actividad riesgosa” y que, pese a no contar con final de obra, podrán regularizar su situación mediante la presentación de un ‘plan de habilitación’ cuando las modificaciones realizadas no superen el 20% de la superficie original declarada en planos.
La funcionaria municipal aclaró que muchas de estas situaciones surgieron porque los propietarios fueron adaptando los inmuebles a las necesidades de la actividad comercial. “Es lo mismo que pasa en una vivienda: un local comercial se va adecuando a la actividad que desarrolla, agrega o saca una pared, etc. Eso hacía que muchos no pudieran obtener el final de obra”, señaló.
Con las modificaciones se podrán aceptar divisiones internas, unificaciones de locales, adaptaciones de viviendas y ampliaciones parciales, aunque no coincidan exactamente con el plano aprobado original, siempre acompañadas del correspondiente informe técnico, con firma profesional y consentimiento del titular del inmueble.
Menos trámites, mismos controles
Desde el municipio remarcan que la simplificación administrativa no implica una reducción de las exigencias de seguridad. “Eso es lo que siempre aclaro. No significa que no haya seguridad. El control del Estado sigue estando porque el verificador va, controla las condiciones edilicias, las condiciones eléctricas y todas las situaciones vinculadas a la seguridad del local”, afirmó Alemán.
Alemán destacó que durante la actual gestión se avanzó en la regularización del sistema de habilitaciones. “Cuando empezamos teníamos alrededor de 700 trámites trabados y hoy estamos en unas 1.200 habilitaciones por año”, indicó.
Según explicó, ese crecimiento no necesariamente refleja una mayor cantidad de comercios en la ciudad, sino una mayor formalización y un contacto más cercano con los contribuyentes. “Muchos entendieron la necesidad y la importancia de estar habilitados. Esto es velar por la seguridad del vecino que entra a comprar a un local y que el mismo esté correctamente habilitado”, concluyó.
La funcionaria destacó que la iniciativa responde a una política impulsada por el intendente Juan Pablo Poletti para acompañar a quienes invierten y generan empleo en la ciudad. “A esta modificación la veníamos trabajando mucho, tratando de simplificar sobre todo al pequeño comercio, que es al que más caro le cuesta la burocracia”, sostuvo.
En la misma línea, el concejal Lucas Simoniello, impulsor de las modificaciones en el Concejo, había señalado -en la sesión que sancionó la nueva ordenanza- que el objetivo es que “el Estado deje de ser un obstáculo y pase a ser una herramienta que facilite que un privado invierta y funcione con responsabilidad”.