La Agencia de Criminalidad Organizada imputó a cuatro abogados, un exdiputado y un empresario por asociación ilícita y tráfico de influencias en el marco de la investigación sobre juego clandestino y corrupción institucional.
El jueves 4, los fiscales José Luis Caterina y Marisol Fabbro, de la Agencia de Criminalidad Organizada, formalizaron la imputación contra seis personas señaladas como integrantes de una organización vinculada al juego clandestino en la provincia de Santa Fe. Los imputados son: Oscar «Popi» Larrauri, empresario frigorífico y expiloto de Fórmula 1; Marcelo Darío Scataglini, exdiputado provincial; y los abogados Aníbal Porri, Fernando Moschini, Alberto Tortajada y José Fernández Chemes. Se les atribuyen los cargos de asociación ilícita simple y tráfico de influencias, en relación con el capitalista de juego Leonardo Peiti, quien buscaba obtener la concesión del juego online en la provincia.
La audiencia se realizó ante el juez Alejandro Negroni. Según la fiscalía, cada imputado cumplía roles específicos dentro de la estructura criminal, incluyendo esfuerzos para ocultar o disimular el origen y destino de los fondos. El abogado Aníbal Porri está históricamente ligado a la Guardia Urbana Municipal (GUM) y al Sindicato de Trabajadores Municipales; su teléfono fue secuestrado en 2020 tras detectarse filmaciones de reuniones con otros implicados. Fernando Moschini está vinculado a los intereses del senador Armando Traferri; la fiscalía había intentado recusar al camarista Javier Beltramone por su relación con este abogado.
El defensor de Fernández Chemes, abogado Víctor Corvalán, presentó una denuncia ante el auditor del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Leandro Mai, por dos hechos: ofrecimiento de la fiscalía para que Fernández Chemes se convierta en «imputado colaborador» mediante un correo electrónico con plazo de 72 horas, y el extravío de la cadena de custodia de dos teléfonos iPhone secuestrados en el domicilio del imputado, cuya información fue extraída sin notificación previa.
Paralelamente, la Cámara de Apelaciones integrada por los camaristas Javier Beltramone, Carolina Hernández e Ismael Manfrín delibera sobre las apelaciones presentadas por las defensas del exfiscal regional de Rosario, Patricio Serjal (condenado a 9 años de prisión), y del exempleado judicial Nelson Ugolini (condenado a 5 años). El senador provincial Armando Traferri presentó una acción declarativa de certeza contra el Estado provincial solicitando la nulidad de la sentencia de primera instancia dictada en noviembre pasado. Traferri argumentó que la sentencia se dictó sin que él fuera parte del juicio, aunque se le atribuyeron hechos delictivos. El tribunal integrado por Paula Álvarez, Eleonora Verón y Alejandro Negroni definirá este recurso.