El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín ordenó frenar la aplicación de la Resolución 42/2026, que disponía la eliminación de más de 600 áreas del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. La medida cautelar fue impulsada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
El juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín, hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y suspendió parcialmente la aplicación de la Resolución 42/2026 del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Dicha resolución, publicada el 16 de abril en el Boletín Oficial, establecía el cierre de más de 600 servicios del organismo.
El fallo ordena que el INTI se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo vinculado con la reorganización. En particular, prohíbe cesar funciones, transferir tareas, modificar estructuras de trabajo y mover inventario técnico con fines de traslado o disposición del equipamiento. Asimismo, dispone que no podrán realizarse desvinculaciones laborales y obliga al organismo a garantizar la ocupación efectiva de todos los agentes cuyas funciones resulten afectadas, con mantenimiento pleno de sus categorías, remuneraciones y condiciones vigentes al 14 de abril de 2026.
La resolución también sostiene la continuidad de los programas de asistencia técnica, ensayos, certificaciones y transferencia tecnológica que funcionan bajo la órbita estatal del INTI. De esta manera, queda frenada la interrupción inmediata de tareas prevista en el proceso de simplificación administrativa.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, declaró a través de la red social X: “La Justicia falla a favor de ATE y frena los despidos masivos en el INTI. También impide el desmantelamiento del organismo: un histórico triunfo para los estatales”. Agregó que la medida obliga a las autoridades del INTI a “dar marcha atrás con la Resolución 42/26, impidiendo cualquier tipo de cesación, transferencia o modificación de funciones y exigiendo la garantía de ocupación efectiva de todos los trabajadores con mantenimiento pleno de sus categorías y remuneraciones”.
La Resolución 42/2026, aprobada por el Consejo Directivo del INTI, había dispuesto la eliminación de más de 600 servicios. Según la explicación oficial, la medida buscaba mejorar la eficiencia estatal y optimizar la asignación de recursos públicos. El documento sostenía que muchos servicios no tenían demanda suficiente o se superponían con prestaciones ofrecidas por el sector privado. El plan incluía el respeto de convenios vigentes hasta su finalización y la elaboración de un programa integral de transición para ordenar el cierre de servicios discontinuados, preservar documentación técnica y notificar a usuarios y organismos vinculados. La reorganización también contemplaba el resguardo de capacidades estratégicas y una adaptación de la oferta tecnológica bajo nuevos criterios de funcionamiento.
Desde el Consejo Directivo argumentaron que no se trataba de una reducción del rol institucional del INTI, sino de una redistribución hacia áreas donde la presencia estatal fuera “indispensable”. La medida había sido validada por áreas técnicas y administrativas del organismo, que no encontraron objeciones jurídicas ni operativas. El esquema de implementación estaba a cargo de Juan Pablo Intelisano, Ezequiel Capelli y Miguel Ángel Romero, mientras que la Dirección de Planeamiento y Comercialización quedó facultada para reformular la oferta tecnológica.