viernes, mayo 22, 2026

La Justicia federal ordenó al Gobierno nacional normalizar pagos a prestadores de discapacidad

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Una resolución del Juzgado Federal Nº 3 de Córdoba obliga al Pami y al Ministerio de Salud a restablecer la cadena de pagos a prestadores de servicios para personas con discapacidad. El fallo tiene alcance nacional.

El juez federal Miguel Vaca Narvaja, a cargo del Juzgado Federal Nº 3 de Córdoba, dictó una resolución que ordena al Pami y al Ministerio de Salud de la Nación normalizar la cadena de pagos a prestadores de servicios para personas con discapacidad. La medida alcanza a todo el país y responde a una presentación realizada por un colectivo de prestadores.

Pablo Bolego, referente de la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad de Santa Fe (Atraes), declaró a LT8 que la resolución judicial afecta al programa Incluir Salud —cuyos pagos están suspendidos desde noviembre de 2024— y a los beneficiarios del Pami. «El incumplimiento del gobierno nacional en la cadena de pagos afecta directamente a las personas con discapacidad de manera irreversible. Lo dice el fallo», afirmó.

Bolego sostuvo que el sector no está «muy esperanzado» de que el Gobierno cumpla con el fallo, y señaló que «no cumple con la ley desde el comienzo de su gestión». También mencionó que la ley de emergencia en discapacidad fue aprobada «casi por unanimidad» pero que el Gobierno «decide incumplirla sistemáticamente con diferentes artilugios: desde el veto hasta pasar por la Justicia».

Desde el sector estiman que el conflicto podría llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. «Va a ser un tiro en el pie para el gobierno», consideró Bolego, y anticipó: «No vamos a abandonar esta lucha».

El referente detalló que las personas con discapacidad atraviesan una situación compleja y que «están cerrando muchos centros de rehabilitación y centros de día que atienden a personas con discapacidad». Además, indicó que los transportistas evalúan no continuar con las prestaciones debido a que los aranceles no acompañan los aumentos de combustibles. «Lo único que nos hace seguir es una vinculación que se crea con la persona con discapacidad, porque hay un compromiso social que va más allá de lo económico», concluyó.

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